Los diputados de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Daniel Lilayu y Hotuiti Teao, han enviado un oficio a la Contraloría General de la República solicitando el inicio de una auditoría en el Hospital del Salvador. Esto surge tras el anuncio de que la madre de la actual ministra de Salud, Ximena Aguilera, fue intervenida quirúrgicamente el mismo día en que fue admitida de urgencia.
Esta situación ha generado inquietudes sobre el posible trato preferente que pudo recibir.
La información revela que la madre de la ministra ingresó al hospital ubicado en Providencia alrededor de las 11:00 del 23 de diciembre, después de sufrir una fractura de cadera en un accidente doméstico. Según los registros, tras ser hospitalizada, la dirección del centro dio la instrucción de llevar a la paciente “a la sala de pabellón sin presentar papeles administrativos ni medicamentos” cerca de las 14:45.
La intervención quirúrgica se llevó a cabo cerca de las 21 horas, a pesar de que había otros pacientes con diagnósticos similares que aún esperan atención.
Aunque los diputados Lilayu y Teao reconocen la importancia de realizar operaciones de esta naturaleza con rapidez, expresaron su inquietud acerca del posible privilegio otorgado a la madre de la ministra. Esto se basa en diversas informaciones que sugieren que la administración del hospital había dado instrucciones para acelerar la intervención, posiblemente en detrimento de otros pacientes.
Por ello, los legisladores afirmaron que “lo más transparente es que la Contraloría realice una auditoría,” enfatizando que no se trata de discutir la atención que recibió una persona en particular, sino de verificar si se respetaron los protocolos y criterios de prioridad establecidos, o si hubo un trato privilegiado basado en el parentesco con una autoridad.
“Que los tiempos de respuesta en salud sean óptimos no significa que sean correctos. En un sistema con largas listas de espera, que solo han crecido bajo este Gobierno, no puede haber atajos ni privilegios, especialmente en el caso de familiares directos de autoridades. Alterar protocolos y reorganizar prioridades para una atención médica que puede tardar días, semanas o incluso meses para cientos de chilenos, envía un mensaje negativo a la ciudadanía y perjudica a otros pacientes que también necesitan atención. Por eso, consideramos que la mejor forma de aclarar esta controversia es mediante una auditoría de la Contraloría,” manifestaron los miembros de la Bancada UDI.
Si se determinara que hubo trato preferente, Lilayu y Teao advirtieron que “no sería la primera vez que el Gobierno favorece el atajo,” recordando la expropiación de un terreno en San Antonio, donde se priorizó a quienes ocupaban ilegalmente en lugar de a las familias que han estado esperando una solución habitacional durante años.
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Con Información de www.lanacion.cl
