Un grupo de diputados de Renovación Nacional (RN) ha enviado una carta al fiscal nacional, Ángel Valencia, solicitando que el Ministerio Público inicie una investigación sobre la celebración que tuvo lugar en el módulo 35 del Centro de Detención Preventiva Santiago 1.
Este incidente se hizo público gracias a la difusión de videos en redes sociales, donde se observa a internos disfrutando de alcohol, teléfonos móviles, música y un asado dentro de la prisión.
Los firmantes, que incluyen a Frank Sauerbaum (jefe de bancada), Carla Morales (subjefa), Andrés Longton, Hugo Rey, Diego Schalper (miembros de la comisión de Seguridad) y María Luisa Cordero, argumentan que este “evento social”, ampliamente compartido por los internos, “demuestra una grave transgresión del régimen penitenciario y representa un claro despropósito en relación con los objetivos de seguridad y rehabilitación del sistema penal”. También subrayan que el consumo de alcohol en los recintos penitenciarios está prohibido por la normativa actual.
Los legisladores apuntan que lo ocurrido el 8 y 9 de noviembre podría sugerir “posibles actos de corrupción por parte de funcionarios de Gendarmería de Chile, dado que resulta difícil entender cómo los elementos incautados, como grandes cantidades de carne y bebidas alcohólicas, ingresaron al penal”. Se confiscó al menos 24 teléfonos móviles en el incidente.
Asimismo, la carta menciona que el Código Penal, en sus artículos 304 bis y 304 ter, “prevé y sanciona tanto el ingreso como la tenencia injustificada de objetos prohibidos en instituciones carcelarias, enfocándose especialmente en los funcionarios de Gendarmería que permiten o participan en estas conductas. El cohecho también penaliza las acciones corruptas de los empleados públicos”.
Para los diputados de RN, las “investigaciones internas” anunciadas por Gendarmería no son suficientes y consideran necesario que el Ministerio Público intervenga plenamente utilizando las herramientas legales disponibles.
Aseguran que “la falta de respeto manifestada por estos individuos (…) es una clara muestra de desafío al Estado” y advierten que, si se toleran estos excesos, también podrían aceptarse otras prácticas menos visibles que complican la lucha contra la criminalidad, como el uso de teléfonos móviles dentro de la cárcel.
Agregan que “con este nivel de libertad e impunidad, es imposible desarticular las redes criminales que operan desde las cárceles”. Concluyen que “no existe política de seguridad que pueda soportar este grado de libertad para quienes, tras años y costos millonarios del erario público, son sometidos a procesos penales y condenados”. Por ello, esperan que el Ministerio Público preste especial atención a este caso, considerando que representa solo una parte del desafío contra el crimen organizado.
PURANOTICIA
Con Información de chilelindo.org
