Los diputados de la Bancada UDI que representan a la región de O’Higgins, Natalia Romero y Eduardo Cornejo, han solicitado a la Fiscalía que se inicie una investigación penal luego de que la Contraloría General de la República detectara, en una auditoría realizada en Junaeb, que de un total de 796.043 raciones de alimentos que la empresa contratada debía entregar en la región entre marzo y diciembre de 2022, solo se distribuyeron 284 raciones durante ese periodo.
En relación a este tema, los parlamentarios hicieron referencia al informe final de la Contraloría, que, aunque no validó una denuncia sobre un posible sobrepago en los servicios de alimentación, identificó varias irregularidades que afectaron a miles de estudiantes en la región.
El organismo fiscalizador estableció que Junaeb había licitado la entrega de 796.043 servicios de alimentación para el nivel básico en 2022, de las cuales únicamente se distribuyeron 84 raciones en septiembre y 200 en octubre.
“Los resultados reflejan un hecho confirmado que no puede ser remediado para el periodo auditado, ya que se pagó la suma de $3.554 millones […] No obstante, el proveedor solo entregó 284 raciones a los establecimientos educacionales”, indica el documento.
Junaeb y la distribución de raciones de alimentos
Por esta razón, los diputados Romero y Cornejo sostuvieron que los sumarios internos de Junaeb no son suficientes y que es necesario investigar los posibles delitos que pudieran haber ocurrido, instando además al Consejo de Defensa del Estado (CDE) a considerar posibles querellas.
“Es totalmente inaceptable que en nuestra región se haya proporcionado menos del 0,1% de los servicios de alimentación contratados por Junaeb para los establecimientos educacionales en 2022. Gastar más de $3.554 millones para que la empresa responsable solo entregue 284 raciones de casi 800 mil es una aberración tanto moral como legal; por lo tanto, es crucial que se investigue este asunto”, expresaron los parlamentarios de la UDI.
En este contexto, los representantes de O’Higgins también criticaron la falta de un rango de precios en las licitaciones anteriores, lo que llevó a que las empresas presentaran ofertas muy dispares entre sí.
Consecuentemente, Romero y Cornejo reiteraron que es “indispensable” abrir una investigación penal por los posibles delitos que podrían estar en juego, como la malversación de fondos.
“Una situación de esta magnitud, que impacta a miles de estudiantes vulnerables en nuestra región, no puede quedar sin consecuencias ni limitarse únicamente a un ámbito administrativo. Además de las políticas, aquí podrían existir responsabilidades penales, por lo que seguiremos insistiendo en que se realice una investigación al respecto”, reafirmaron los diputados.
Con Información de chilelindo.org