Los diputados y diputadas de la comisión investigadora de licencias médicas han propuesto un proyecto de ley que establece sanciones claras para el uso indebido de estas licencias, incluyendo la destitución o cesación del cargo por la emisión, obtención o utilización fraudulenta de permisos laborales. El objetivo también es acelerar los procesos de sumarios administrativos.
Hernán Palma, presidente de la comisión y promotor de la iniciativa, señaló que actualmente no existe una normativa que tipifique el uso indebido de licencias médicas, lo que genera un vacío legal que dificulta la rápida respuesta ante casos de simulación o uso indebido de permisos.
El parlamentario enfatizó que esta falta de regulación complica la imposición de sanciones a profesionales que emiten licencias sin justificación. En muchos casos, los sumarios disciplinarios tardan, y muchas veces finalizan sin sanciones; esto ocurre por la falta de pruebas o por demoras que provocan la prescripción de responsabilidades. Esto implica que los trabajadores honrados sufren las consecuencias mientras que algunos utilizan sus licencias para vacacionar o asistir a espectáculos, como destacó Palma.
La diputada Karen Medina también hizo hincapié en la necesidad de una reforma estructural al sistema de licencias médicas, con el fin de unificar criterios de otorgamiento y supervisión entre los diversos organismos de la administración pública. Destacó que, aunque las comisiones investigadoras no tienen poder vinculante, la evidencia de abuso sistemático del sistema es clara. La intención es regular y poner a todos los servicios públicos —incluyendo Fuerzas Armadas y de Orden— en el mismo nivel.
Medina añadió que la existencia de diferentes estatutos administrativos para los empleados sometidos a sumarios crea desigualdades. También mencionó que muchos trabajadores que realmente necesitan licencias por razones de salud no pueden acceder a ellas debido a abusos dentro del sistema.
Es relevante mencionar que este proyecto se basa en un análisis realizado por la Contraloría General de la República y diversas audiencias que han evidenciado el uso irregular de licencias médicas como un problema que afecta a todos los niveles del Estado, desde ministerios hasta municipalidades y Fuerzas Armadas.
Según el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N.º 9/2025 de la Contraloría, en el período 2023–2024, se detectó que 25.078 funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica, lo que corresponde a 35.585 licencias y 59.575 registros de entrada y salida del país.
El Anuario Estadístico del Empleo Público en el Gobierno Central de 2015 a 2024 indica que el número de funcionarios que incumplió el reposo médico representa el 2,6% del personal estatal y el 0,6% de todas las licencias emitidas en ese año.
Finalmente, una investigación posterior de la Contraloría identificó a 10.805 funcionarios más y 15.257 licencias potencialmente irregulares, lo que subraya la necesidad urgente de establecer mecanismos claros de control y sanción en la legislación.
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