Un diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, informó que entre 2024 y abril de este año, un total de 57.335 individuos y 6.229 entidades jurídicas han sido afectados por sanciones sanitarias impuestas durante la pandemia.
La controversia en torno a las multas sanitarias, especialmente por la falta de notificación adecuada a los denunciados, ha llevado a Irarrázaval a señalar que el gobierno ha embargado bienes valorados en más de 40 mil millones de pesos a más de 60 mil personas en los últimos 16 meses.
Según la información que el parlamentario obtuvo de la Tesorería General de la República, el año pasado se emitieron órdenes de ejecución y embargo por deudas relacionadas con sanciones por COVID-19 a 57.864 personas, de las cuales 52.728 son individuos y 5.136 entidades, acumulando un total de $29.856.412.085.
Entre enero y abril de este año, se registraron 5.700 demandas, de las cuales 4.607 corresponden a personas naturales y 1.093 a jurídicas, por un total de $13.525.220.095.
El diputado comentó que “el gobierno ha comenzado a rematar bienes de las personas, lo cual es desproporcionado después de todos estos años y evidencia la falta de límites de esta administración al querer afectar económicamente a las familias, con el único objetivo de tratar de poner en orden un desastre financiero que ellos mismos han creado con su mediocridad, clientelismo y fanatismo ideológico”.
Irarrázaval añadió que “no existe claridad sobre los procedimientos de notificación, cobro y la legalidad de estas supuestas deudas. También hay dudas respecto a los más de sesenta mil procedimientos sanitarios que el gobierno afirma haber tramitado. Están desesperados por recaudar dinero, no solo por su ineptitud. Estamos considerando medidas para poner fin a este abuso, que ha perjudicado a un número importante de personas en todo el país en estos últimos 16 meses. Es una lástima que Mario Marcel intente nuevamente obtener fondos de donde no debería”.
Con Información de hoysantiago.cl