El diputado Diego Ibáñez, del Frente Amplio, se dirigirá esta semana a la Contraloría para pedir que se investiguen los vínculos entre la mina de Colliguay y funcionarios del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).
“Es necesario poner fin a la puerta giratoria entre quienes son fiscalizados y los fiscalizadores”, declaró Ibáñez, quien hará una denuncia por un posible caso de corrupción relacionado con el proyecto, que ha sido rechazado por la comunidad debido a sus posibles efectos nocivos sobre el aire, el agua y la agricultura.
La decisión del parlamentario de acudir a la Contraloría se basa en un reportaje de El Ciudadano que reveló que la autorización de la planta estuvo influenciada por la esposa de Rodrigo Estrella, ingeniero civil que desarrolló el proyecto original para la minera y que trabajó en la Seremi de Minería en 2023. Actualmente, ambos, Estrella y su esposa Camila Parra, están vinculados a Sernageomin, la entidad encargada de supervisar el cumplimiento normativo.
Vínculo entre la mina de Colliguay y funcionarios de Sernageomin
El controvertido proyecto de extracción de oro en Colliguay, que emplea cianuro para trabajar metales, es llevado a cabo por la Sociedad Minera Carmelita.
La empresa ha tomado posesión de una zona montañosa conocida como El Molino y ha decidido dividirse en dos unidades para solicitar sus permisos: la actividad de extracción, llamada «Mina Colliguay 1-20», que recibió la aprobación de Sernageomin en febrero de 2024, y una planta de lixiviados que recibió una resolución favorable del organismo en la mitad del año pasado.
Actualmente, las operaciones están paralizadas debido a un decreto de la Dirección de Obras Municipales de Quilpué que indica la falta de autorizaciones constructivas para establecer un campamento y construir bodegas en altura. Este documento, emitido el 31 de enero de 2025, señala que la Corporación Nacional Forestal (CONAF) ha verificado la «afectación de la formación xerofítica regulada por la Ley de Bosque Nativo, en especies como corontilo, huañil, pichiromero, puya y litre”.
Además, la Dirección Ambiental y de Sostenibilidad, junto con el SAG, CONAF y la Seremi de Agricultura, pudieron observar discrepancias e inconsistencias entre lo que se encontró en el terreno y lo que había sido autorizado por Sernageomin.
El Ciudadano investigó las denuncias contra la mina y descubrió que Camila Parra Vásquez, cónyuge de Rodrigo Herrera Estrella, el ingeniero que desarrolló el proyecto simplificado de la «Mina Colliguay 1-20» para la Sociedad Minera Carmelita, tuvo un papel decisivo en la autorización de la planta de tratamiento.
Herrera presentó el proyecto a Sernageomin Zona Centro en agosto de 2023, cuando se desempeñaba como “ingeniero de proyectos” en la Seremi de Minería de Valparaíso, un cargo que asumió en marzo de ese año, tal como aparece en su perfil público de LinkedIn.
En el documento, se indicó que “el proyecto minero Mina Colliguay 1-20 se encuentra en un predio privado, sin acceso para personal externo, y no está cerca de áreas de interés turístico”. También se argumentó que, debido a su magnitud de “2.000 toneladas mensuales, no amerita su ingreso al SEIA”, descartando la generación de “material estéril”, ya que “la presencia de oro económicamente explotable se encuentra desde la superficie del yacimiento”.
Tras el ingreso del proyecto, el 12 de septiembre de 2023, el director regional Zona Centro de Sernageomin, Christian Orellana Díaz, solicitó correcciones, las cuales fueron respondidas por la minera en un solo día. Hasta ese momento, la Sociedad Carmelita había afirmado que el material extraído se vendería a la Minera Pulllalli, ubicada en La Ligua. Sin embargo, contradiciendo esta declaración inicial, la empresa presentó el 25 de septiembre de 2023 un nuevo proyecto de tratamiento que permitiría procesar el oro en una planta contigua a su faena.
Expertos del ámbito minero que hablaron con El Ciudadano sostuvieron que la contradicción en torno a Pullalli y su omisión por parte de Sernageomin evidencia una actuación al menos cuestionable de la entidad técnica al autorizar ambos proyectos mediante las resoluciones exentas N°s 61 y 182, emitidas el 27 de febrero de 2024 y el 14 de mayo de 2024, respectivamente.
Además, la cantidad de mineral indicada en la segunda resolución, que se destinaría a acumularse en las pilas de la planta de tratamiento de Colliguay, podría superar las 72 mil toneladas de extracción totales anunciadas por la Sociedad Minera Carmelita.
De acuerdo con el reportaje de Matías Rojas, parte del equipo de investigación de El Ciudadano, se reveló un tercer cuestionamiento relacionado con la persona que intervino para revisar y autorizar la planta de tratamiento, ya que la resolución exenta N° 182 de Sernageomin contiene las iniciales de la funcionaria Camila Parra Vásquez, la esposa de Rodrigo Herrera.
En el portal de Transparencia Activa se puede comprobar que Parra ha sido revisora de proyectos regionales y evaluadora de pequeños proyectos en Sernageomin desde octubre de 2012, funciones que asumió Herrera a partir de diciembre de 2023, cuando se unió a Sernageomin tras una breve estación en la Seremi de Minería de Valparaíso.
Es relevante mencionar que ambos funcionarios están registrados en un documento emitido por la Dirección Nacional de Sernageomin como sujetos pasivos de la Ley de Lobby. La resolución exenta N° 1876, firmada el 24 de septiembre de 2024 por el director Patricio Aguilera Poblete, hace referencia a las responsabilidades de sus cargos y a la necesidad de registrar sus reuniones con empresas privadas que intenten influir en las decisiones del servicio.
El diputado Ibáñez denuncia posible corrupción minera ante la Contraloría
Después de analizar los antecedentes, Diego Ibáñez decidió acudir a la Contraloría para investigar un posible caso de corrupción relacionado con la autorización del Sernageomin para la planta de tratamiento del proyecto de explotación de oro en Colliguay, que ha sido cuestionado por las comunidades locales.
“Hay elementos que generan suspicacias, son datos inquietantes que no podemos pasar por alto, por eso acudiré a la Contraloría con una denuncia, para que se investigue a fondo el caso, ya que podríamos estar ante un posible acto de corrupción o algún otro delito que requiere ser fiscalizado”, expresó Ibáñez.
El parlamentario resaltó que hace cuatro años presentó un proyecto que busca evitar que los fiscalizadores trabajen en empresas bajo su supervisión durante un período de 10 años tras dejar su cargo.
Con Información de www.elciudadano.com