La diputada y subjefa de la bancada IND-PPD, Camila Musante, denunció haber sido amenazada de muerte por un individuo que fue identificado por la justicia. Este sujeto declaró y confesó ante el Ministerio Público, pero, a pesar de ello, fue puesto en libertad por el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, el mismo tribunal que revocó la prisión preventiva del sicario acusado de asesinar al empresario conocido como el Rey de Meiggs.
La parlamentaria explicó: «He recibido una amenaza de muerte, lo cual denuncié ante la justicia. Aunque se ha identificado a la persona responsable y este ha admitido los hechos ante la Fiscalía, el 8° Juzgado de Garantía y la Fiscalía han decidido no formalizarlo».
En este contexto, cuestionó: «¿Qué está ocurriendo con la justicia en nuestro país? Este mismo tribunal, el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, fue el que optó por liberar al sicario del Rey de Meiggs. ¿Qué garantías tenemos de que la justicia resolverá los problemas cuando nuestras integridades están amenazadas y ya hemos identificado a los responsables?»
«Me preocupa no solo la denuncia de amenaza de muerte, la cual considero grave, sino también el destino de todos los chilenos y chilenas que presentan sus denuncias con pruebas suficientes y que se sienten impotentes porque Fiscalía y tribunales liberan a los identificados. Espero que no tengamos que lamentar muertes como consecuencia de esto», declaró la legisladora.
Desde su parte, el presidente de la Cámara, diputado José Miguel Castro, manifestó su apoyo a la parlamentaria y anunció que tomarán todas las medidas necesarias. «Nos reuniremos con el secretario y discutiré esto en comité para asegurar la seguridad de todos los parlamentarios», afirmó.
«Cuando el narcotráfico y las amenazas erosionan el Estado de Derecho y afectan a las autoridades, todos sufrimos. Si esto le sucede a una diputada de la República, ¿qué podemos esperar para el ciudadano común?», añadió.
El diputado Jaime Araya (IND-PPD) pidió a las autoridades que aclaren la situación ante la crisis de seguridad que atraviesa el país: «La Fiscalía y el Poder Judicial deben rendir cuentas al país. Ellos son responsables de la persecución del crimen, y los resultados son evidentes. Estamos en una situación sumamente frágil y algunos todavía niegan lo obvio. Necesitamos una respuesta clara y firme del Estado con medidas concretas».
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