Casi un año después de la implementación de la Ley Karin, la diputada Ana María Gazmuri, acompañada por representantes de la Confederación de Profesionales de la Salud (Confedeprus), presentó este miércoles un proyecto de ley destinado a modificar varios cuerpos normativos para solucionar problemas críticos en la aplicación de esta normativa en el ámbito público.
La propuesta busca abordar los obstáculos que actualmente dificultan la correcta implementación de la Ley N.º 21.643 en los servicios públicos y municipios, tales como la falta de fiscales, la ausencia de protocolos claros, las prolongadas investigaciones y la falta de apoyo adecuado a las víctimas.
“La Ley Karin, en homenaje a Karin Salgado, representó un avance histórico en derechos laborales. Fue un esfuerzo arduo, impulsado por muchas mujeres y hombres que lucharon contra el abuso. Esta ley es esencial para iniciar la erradicación del acoso laboral y sexual en nuestros lugares de trabajo”, declaró la diputada Gazmuri.
“Sin embargo, casi un año después de su entrada en vigencia, enfrentamos una dura realidad: una violencia más extendida y oculta de lo que pensábamos, y un sector público donde la ley no se aplica correctamente. Las víctimas no son escuchadas, los procesos sufren retrasos, y muchos servicios carecen de los protocolos necesarios. Esta reforma busca asegurar que nadie quede desprotegido al presentar una denuncia, que las investigaciones sean rápidas, serias y con verdadero apoyo a las víctimas. El Estado no puede seguir siendo cómplice por omisión”, añadió la parlamentaria.
El proyecto propone modificaciones al Código del Trabajo, al Estatuto Administrativo y a las leyes fundamentales de la administración pública, estableciendo nuevas obligaciones para los organismos del Estado, permitiendo la designación de fiscales ad hoc, garantizando atención médica y psicológica a las víctimas, y reconociendo el tiempo de licencia como tiempo trabajado. También promueve la participación obligatoria de los sindicatos en la elaboración de protocolos, y establece la posibilidad de crear oficinas que protejan los derechos fundamentales en el ámbito laboral.
Desde la Confedeprus, Emilia Iturriaga, responsable de la unidad de género y diversidad, resaltó la importancia de avanzar en la implementación efectiva de la ley: “Apoyamos este proyecto porque consideramos que la Ley Karin debe dejar de ser solo un texto. Somos el segundo sector más afectado por el acoso laboral y sexual, y exigimos que se incluya de manera obligatoria a los sindicatos en el desarrollo de los protocolos y que se brinde acompañamiento a quienes presentan denuncias”, comentó Iturriaga.
“Además, solicitamos la creación de oficinas de seguimiento que resguarden los derechos fundamentales de los trabajadores y que se restituya la inhabilidad de cinco años para quienes hayan sido destituidos por acoso o agresión sexual. Pedimos a las autoridades y a los medios que visibilicen esta lucha, pues muchas personas trabajamos diariamente en la función pública con compromiso y respeto”, concluyó.
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Con Información de pagina19.cl
