El exministro de Energía, Diego Pardow, presentó su defensa ante la Cámara de Diputados frente a la acusación constitucional en su contra, solicitando a los parlamentarios que la consideren inadmisible por no ajustarse a los requisitos establecidos por la Constitución.
La acusación, estructurada en dos capítulos, señala que el exsecretario de Estado violó la Carta Fundamental al no asegurar el principio de probidad. Además, se argumenta que se infringieron los principios de eficiencia y eficacia al ocultar información relevante sobre errores en el cálculo de tarifas eléctricas.
En un documento de 120 páginas, el exministro argumenta que la acusación carece de fundamento en las causales específicas señaladas por la Constitución, no cumple con los estándares mínimos de justificación, no le atribuye responsabilidades por hechos propios y no respeta el principio de «última ratio».
Respecto a su decisión de no informar sobre los errores de cálculo detectados en 2024, Pardow explicó que, “debido a la falta de información clara y solo sabiendo que había inconsistencias, cualquier comunicación pública anticipada podría haber causado alarma sin un propósito claro y, si se confirmaba, podría haber puesto en riesgo el interés nacional”.
“En este sentido, hacer pública esa información no solo hubiese constituido una intervención inapropiada de mi parte, introduciendo criterios de parcialidad, sino que podría haber sido interpretado por la empresa (Transelec) como un intento de hostigamiento que presionara en contra de sus intereses en la valoración de activos”, resaltó en su respuesta.
En cuanto a su responsabilidad sobre el error de cálculo, la exautoridad sostuvo que no tenía las herramientas necesarias para identificar el problema y carecía de “las facultades técnicas y legales para modificar el cálculo tarifario de la Comisión Nacional de Energía”. Además, mencionó que cualquier modificación unilateral podría haber sido desestimada y posiblemente anulada por la Contraloría General de la República.
Después de recibir su respuesta, la comisión revisora, presidida por el diputado Jaime Mulet (FREVS), cuenta con un plazo de seis días para analizar el documento y emitir su voto.
PURANOTICIA
Con Información de chilelindo.org
