El delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, anunció que el desalojo de la toma Dignidad en La Florida se llevará a cabo en un plazo de entre tres a cuatro días, tras los cuales el terreno será «inhabilitado». Esta acción incluye la creación de zanjas y otras intervenciones físicas para prevenir futuras ocupaciones.
Durán indicó que se empleará maquinaria pesada para eliminar escombros y modificar la superficie: “Se formarán zanjas y se alterará la dinámica del terreno para evitar la construcción de viviendas”.
También se contempla el cierre del área y la creación de un parque, lo que representa una intervención a mediano y largo plazo.
Esta estrategia surge por el alto riesgo que presenta el terreno, que se encuentra a menos de 30 metros de la ribera de la Quebrada de Macul, y tiene como objetivo detener el negocio ilegal de arrendamiento y venta de terrenos.
Durante el operativo de hoy se detuvieron a dos personas: una mujer por lanzar objetos contundentes a Carabineros y trabajadores, y un hombre por poseer drogas dentro de una estructura.
EL MAYOR OPERATIVO EN CUATRO AÑOS
Este desalojo, considerado el más grande en la Región Metropolitana en los últimos cuatro años, involucra a 300 efectivos de Carabineros y personal municipal.
Durán subrayó que esta acción no es improvisada, sino el resultado de un proceso iniciado hace más de un año y medio: “Hemos estado trabajando de manera colaborativa con diversas instituciones del Estado y servicios públicos, con el fin de que este desalojo programado cuente con múltiples opciones de apoyo para las familias que cumplen con los requisitos”.
REUBICACIÓN
El desalojo afecta a 194 viviendas y aproximadamente 600 personas. Las familias están siendo reubicadas en albergues, en casas de familiares o a través de un subsidio para arriendo proporcionado por el Ministerio de Vivienda, que puede cubrir hasta $500.000 mensuales durante un año.
La fecha del operativo fue elegida para evitar reocupaciones, ya que “varias familias están utilizando el subsidio de arriendo”, explicó Durán.
La coordinación incluyó al Serviu, la Seremi de Vivienda, la Seremi de Desarrollo Social, la Defensoría de la Niñez y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), “buscando ofrecer el mayor número de opciones de apoyo a las familias y, al mismo tiempo, proteger los derechos y la dignidad de las personas”.
CASOS EXCLUIDOS
Al ser consultado sobre aquellos que no pudieron acceder a los beneficios, Durán mencionó que se llevaron a cabo al menos cinco operativos de intervención en terreno y un catastro actualizado: “Si hay personas que no asistieron a estas oportunidades, es porque no lo quisieron hacer o, aunque quisieron, no cumplen con los requisitos para acceder a ningún tipo de beneficio”.
El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, quien acompañó a Durán, añadió que “existe un grupo de personas que, por diversas razones, como no cumplir con los parámetros de vulnerabilidad o encontrarse en situación migratoria irregular, no podrán acceder a estas soluciones”.
A pesar de esto, Durán hizo un llamado a quienes estén en situación de alta vulnerabilidad -niños, adultos mayores o personas con discapacidad- a acercarse al municipio para explorar alternativas específicas.
El alcalde destacó que la operación se ha llevado a cabo “en completa calma” y que las personas “han abandonado el lugar de manera voluntaria”.
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Con Información de www.lanacion.cl
