El Gobierno ha decidido impulsar un proyecto habitacional que, en cumplimiento de las resoluciones del Poder Judicial, ofrezca una solución integral para las familias del campamento Cerro Centinela. El objetivo es abordar el problema humanitario que enfrenta la ciudad de San Antonio y el Estado, derivado del desalojo de más de 10,000 personas.
Para llevar a cabo este proyecto, se utilizarán las autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Serviu de Valparaíso, dentro del marco legal vigente, para expropiar y adquirir el lote 1-A de un total de 215 hectáreas.
Dicho proceso está regulado por la Constitución y la ley, permitiendo acordar un precio con los propietarios o determinarlo mediante una comisión de peritos basándose en criterios técnicos y de mercado, con la intervención de tribunales. El desalojo se realizará de manera gradual y responsable en las áreas que no serán expropiadas.
Este proyecto habilitará una solución habitacional para más de 4,000 familias que actualmente residen en el campamento, asignándoles lotes urbanizados y con servicios sanitarios.
Las familias que opten por residir en el nuevo desarrollo deberán aportar recursos junto a los subsidios del Minvu para financiar el proyecto. Para ello, la Federación de Cooperativas del Cerro Centinela ha implementado un plan de ahorro, buscando que para fin de año cada familia cuente con 1,500,000 pesos y continúe ahorrando en los siguientes meses, asumiendo así la corresponsabilidad en la financiación de la solución.
Igualmente, se destinará aproximadamente el 5% del terreno a equipamiento comunitario y a la reserva para futuros proyectos habitacionales que incluyan a familias ajenas al campamento.
El Gobierno ha asegurado que el plan está en marcha y anticipa que, al finalizar la actual administración, la expropiación se habrà formalizado y comenzará el diseño y urbanización del proyecto habitacional.
Desde su formación en 2019, el campamento Cerro Centinela ocupa 215 hectáreas en San Antonio y alberga 4,136 hogares, sumando 10,521 familias, de las cuales más de 3,000 son niños, niñas y adolescentes. En junio de 2023, la Corte de Apelaciones de Valparaíso admitió un recurso de protección presentado por los propietarios, ordenando el desalojo de la propiedad, una decisión que fue confirmada por la Corte Suprema en marzo de 2024.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, comentó que «el Gobierno ha manifestado desde un inicio su intención de adquirir este terreno para desarrollar un plan habitacional, estableciendo un diálogo con los pobladores y propietarios para llegar a un acuerdo. Sin embargo, el precio solicitado superó el valor de mercado, lo que llevó a optar por la herramienta jurídica disponible para resolver esta necesidad social.»
El ministro Elizalde también se refirió al plan de desalojo, afirmando que «se dará a conocer los detalles tras la presentación del informe a la Corte. Es importante precisar que esto implica un gran esfuerzo y tiempo para implementar los recursos necesarios, considerando también las necesidades de seguridad pública en la región y la interacción requerida con Carabineros.»
Por su parte, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, expresó que «la toma de San Antonio no es un fenómeno común; comenzó hace seis años y ha crecido rápido, afectando a 4,000 familias y más de 3,000 niños. Un desalojo sin un plan integral puede generar una crisis humanitaria, afectando a toda la ciudad y a muchas personas. Chile no puede albergar a 10,000 personas al mismo tiempo.»
Montes añadió que «como Gobierno, hemos querido durante meses encontrar una solución en conjunto con los propietarios y los pobladores. Se estableció una comisión técnica y se ayudó a las familias a organizarse en cooperativas. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo por el alto precio solicitado por los propietarios. Ante esto, optamos por desarrollar un proyecto habitacional que brinde una solución definitiva para las familias afectadas, utilizando menos de la mitad de la actual ocupación.»
El ministro concluyó destacando que «el Estado comprará el terreno y las familias contribuirán al financiamiento de la urbanización, manteniendo el principio de corresponsabilidad. Ya han acumulado ahorros para ello. Utilizaremos todas las herramientas legales disponibles para concretar esta solución», añadiendo que «respetaremos las decisiones judiciales y comenzaremos el desalojo en los terrenos que no serán adquiridos, evitando así una crisis humanitaria.»
La solución presentada por el Gobierno surge tras la falta de acuerdo con los propietarios durante el proceso de diálogo, donde se estableció una comisión técnica para evaluar las condiciones de venta. La oferta pública, basada en una tasación comercial, fue rechazada, siendo claramente inferior en comparación con lo solicitado por los dueños.
Adicionalmente, las familias del campamento se organizaron en 40 cooperativas de vivienda, representando cerca del 90% de los hogares, con el fin de explorar una solución alternativa al desalojo, formando una Federación para facilitar la gestión y búsqueda de acuerdos.
Con Información de desenfoque.cl
