Profesor de Historia y analista político.
El reciente reportaje de Chilevisión no solo expone un escándalo aislado. La denuncia sobre Patricio Góngora, director de Canal 13, supuestamente involucrado en una red de cuentas anónimas en X (ex Twitter) que lanzaron campañas de odio contra Evelyn Matthei, Jeannette Jara y el gobierno de Gabriel Boric, abre un debate mayor. Esto refleja la normalización de la manipulación digital como táctica política en la derecha radical y la ultraderecha. No es solo un problema ético, sino un fenómeno más amplio con consecuencias aún inciertas.
Las víctimas no son de menor importancia. Evelyn Matthei, representante de la derecha tradicional, fue objeto de rumores maliciosos sobre un supuesto Alzheimer, propiciados por múltiples cuentas falsas. En julio, ella denunció lo que calificó de “campaña asquerosa”, reconociendo: “Lo denuncié, lo padecí, me dolió mucho”. Jeannette Jara, exministra y candidata de la izquierda oficialista, también fue blanco de ataques coordinados, responsabilizándola por los problemas del gobierno. Por su parte, el Presidente Boric y su administración enfrentaron una embestida sistemática de mensajes y fake news para instalar la noción de un gobierno ineficaz y desorganizado.
Lo crucial es que no se trata de usuarios individuales o de la libertad de expresión de ciudadanos anónimos. La investigación ha revelado una estructura organizada, con cuentas madre como “Neuroc” y “Patito Verde”, que gestionan al menos 70 perfiles falsos. Esto constituye un aparato de guerra digital que opera bajo una lógica de manipulación política intencionada.
Lo sucedido aquí no es un hecho aislado. Cas Mudde, importante estudioso de la extrema derecha, ha mencionado que estos movimientos prosperan “no porque sean antidemocráticos, sino porque saben utilizar las reglas y espacios de la democracia para socavarlos desde dentro” (The Far Right Today, 2019). Las redes sociales se han convertido en ese espacio privilegiado, un terreno donde la línea que separa la ciudadanía de la manipulación política se hace borrosa.
Donald Trump comprendió esta dinámica tempranamente. Durante su mandato, promovió comunidades digitales como QAnon y 4Chan, que orquestaron ataques a periodistas y opositores, amplificando teorías de conspiración que iban desde el fraude electoral hasta redes de pedofilia en el Partido Demócrata. Jair Bolsonaro en Brasil utilizó las denominadas milícias digitais, combinando fake news y ofensivas sistemáticas para consolidar su liderazgo, al grado que la Corte Suprema de Brasil inició investigaciones por manipulación digital. Javier Milei en Argentina, por su parte, ha elogiado a los “leones” de internet: usuarios que, bajo el manto de ironía y meme, operan como fuerzas demolitorias contra sus rivales, utilizando un estilo agresivo que el propio presidente fomenta en sus discursos.
En todos estos casos, la fórmula se repite: anonimato, proliferación de mensajes y creación de atmósferas emotivas antes que argumentos racionales. Como señalan Aurelien Mondon y Aaron Winter en Reactionary Democracy (2020), la ultraderecha actual no se sostiene únicamente mediante partidos o programas, sino a través de la “producción comunicacional de un sentido común reaccionario” que circula de forma viral. Lo importante no es la veracidad de la afirmación, sino su capacidad de convertirse en un sentimiento compartido.
Es fundamental hacer una distinción. El anonimato digital es legítimo cuando protege la privacidad de ciudadanos comunes, especialmente en contextos de represión. Pero lo que observamos aquí es algo distinto: una industrialización del anonimato, convertido en una táctica política sistemática. Bots y cuentas falsas intentan construir narrativas, sembrar sospechas y socavar reputaciones.
Arthur Herman, en La idea de decadencia en la historia occidental (2001), destaca cómo las élites reaccionarias han utilizado discursos sobre el colapso moral para movilizar emociones. Hoy, las redes digitales multiplican ese efecto: un rumor repetido infinitas veces no necesita pruebas, basta con sembrar la duda. Así sucedió con Matthei y el falso Alzheimer; así con Jara, acusada de ser “responsable de todos los males” del gobierno. La estrategia es replantar, una y otra vez, con diversas cuentas y en diferentes plataformas, una narrativa común destinada a desarticular y desacreditar figuras, gobiernos e ideas.
El riesgo es evidente: cuando la esfera pública se convierte en un campo de batalla de percepciones manipuladas, la confianza en la democracia se erosiona. ¿Cómo distinguir entre debate y propaganda, si incluso directores de canales de televisión están vinculados a estas redes? La manipulación digital se transforma en una forma contemporánea de erosión democrática.
Ya durante el plebiscito constitucional de 2022, se evidenciaron campañas masivas de desinformación en redes sociales, que generaron temores sobre la “expropiación de viviendas” o la supuesta “prohibición de la propiedad privada”. Ahora, a las puertas de las elecciones presidenciales de 2025, las pruebas indican que la derecha radical y ultraderecha local adopta las mismas tácticas que sus contrapartes globales a través de operaciones anónimas y estrategias de polarización.
La vocera Camila Vallejo lo expresó con claridad: “El debate y la libre expresión son parte de la democracia, pero las fake news y el odio orquestado en redes la socavan”. Jeannette Jara fue más específica aún: “Ya no es sospecha, es una realidad; los Republicanos son responsables”. En este contexto, la negación de José Antonio Kast, quien habló de “la mentira del día”, no responde a la pregunta fundamental: ¿cómo es posible que la política chilena esté siendo colonizada por ejércitos de bots que operan con recursos, planificación y objetivos políticos claros?
El peligro va más allá del ámbito electoral. Lo que se erosiona es la convivencia democrática. El adversario ya no es alguien con quien dialogar, sino un enemigo a eliminar. Como señalan Levitsky y Ziblatt en Cómo mueren las democracias (2018), los sistemas democráticos no caen solo mediante golpes militares, sino también a través de procesos graduales en los que los actores políticos normalizan actitudes que deterioran la confianza pública. Los bots son una manifestación digital de ese declive progresivo.
La experiencia internacional indica que estas prácticas no pueden ser detenidas únicamente con indignación. Requieren regulación, alfabetización digital y, sobre todo, un compromiso ético de las fuerzas democráticas. No se trata de censura, sino de garantizar condiciones mínimas de transparencia: que la palabra pública no sea invadida por perfiles falsos y que el debate se base en actores responsables, identificables.
La democracia necesita un espacio público sólido, donde los conflictos se aborden abiertamente y las diferencias se diriman sin manipulaciones encubiertas. Si ese espacio se privatiza a manos de algoritmos y ejércitos de trolls, el riesgo no es solo la reputación de un candidato, sino la propia fragilidad del pacto democrático.
Porque en juego no está solo una elección presidencial. Se trata de la posibilidad de que la democracia subsista en un ecosistema comunicacional diseñado para amplificar la mentira. Como advierte Mudde, el desafío de nuestras democracias radica no solo en enfrentar a la extrema derecha en las urnas, sino en evitar que colonice el sentido común. Y en la era de los bots y el anonimato, esa batalla comienza en las redes.
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