En 2008, tras un extenso proceso de diálogo intercultural entre una parte del pueblo Mapuche lafkenche y el Estado, se promulgó la Ley 20.249, conocida como Ley Lafkenche. Esta ley tiene como objetivo reconocer los territorios costeros utilizados ancestralmente por los pueblos indígenas vinculados al mar. En su aplicación, establece un mecanismo que reconoce los derechos de uso consuetudinarios en las áreas solicitadas, en línea con las obligaciones internacionales que Chile asumió al ratificar el Convenio 169 de la OIT, que está en vigor desde septiembre de 2008.
A finales del año pasado, se intentó suspender por un año la aceptación de nuevas solicitudes mediante una modificación en la Ley de Presupuestos. Asimismo, se estableció un plazo de seis meses para resolver las solicitudes en curso, rechazando aquellas que no se tramitaran dentro de este periodo. Esta estrategia, impulsada por los diputados Mauro González y Marcia Raphael (RN), ha sido objeto de críticas por parte del Tribunal Constitucional y de las comunidades solicitantes en varias ocasiones.
A finales de 2024, hay más de 80 solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) en distintas etapas de tramitación. Estas han sido blanco de críticas por parte de actores de la industria salmonera, sectores empresariales y parlamentarios aliados, quienes las señalan como un aparente «freno» a la inversión y al desarrollo. Esta situación ha propiciado agresivas campañas de desinformación por parte de estos grupos, intentando estigmatizar a los ECMPO como un obstáculo para el crecimiento y una supuesta causa de desempleo en las regiones australes. Tales afirmaciones genéricas suelen relacionarse con la salmonicultura, una industria que ha continuado expandiéndose a costa de graves daños al medio ambiente y a las culturas de los pueblos y territorios donde opera.
Los ECMPO son una respuesta a la falta de reconocimiento en la legislación pesquera sobre la relación de los pueblos originarios costeros con el litoral. Estos espacios, creados en el borde costero, permiten que las comunidades indígenas administren y protejan sus usos consuetudinarios, promoviendo el cuidado del mar y la sostenibilidad de los recursos. Son compatibles con actividades como la pesca, el turismo y la investigación, y representan mecanismos de gobernanza comunitaria que desafían las dinámicas de poder que la industria salmonera ha mantenido durante décadas.
Este conflicto de visiones ha llevado a un preocupante clima de hostilidad hacia estos espacios y las comunidades que los defienden y promueven. Parte de esta estrategia de desinformación ha provocado una polarización entre los propios pueblos originarios y su relación con el sector pesquero artesanal. «Divide y vencerás», esa fue una estrategia de un emperador romano.
En la Región de Magallanes, esta hostilidad se ha manifestado en diversos escenarios de convivencia democrática e institucional, como en las CRUBC. En la reciente votación para establecer el espacio costero marino Península Muñoz Gamero, solicitado por una comunidad Kawésqar, se evidenció un ambiente marcado por el racismo y la discriminación racial, tanto institucional como empresarial. Durante esa votación, no se ofrecieron argumentos claros sobre lo que se estaba decidiendo, ni se dio espacio para escuchar las propuestas. Observamos el uso y abuso de organismos públicos estatales en favor del sector empresarial.
La indiferencia de las instituciones locales también ha sido notable, ignorando denuncias sobre irregularidades, fallas en los servicios estatales e intervención empresarial en los procesos que corresponden a los pueblos originarios.
A pesar de los avances significativos que representa la Ley Lafkenche, su implementación se ha visto obstaculizada por la falta de apoyo institucional y la resistencia de la industria salmonera y del ámbito político. Esto ha creado un clima de polarización y hostilidad que pone en riesgo la convivencia pacífica en el territorio. Es esencial que el Estado asuma un papel más activo en la protección de los derechos y acuerdos que ha firmado, para que estas acciones no se queden en simples formalidades.
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