El programa de gobierno de la candidatura progresista de Jeannette Jara aborda su inicial omisión en derechos humanos, incorporando una perspectiva más amplia e institucional. Sin embargo, persisten notables silencios sobre el estallido social y sus víctimas, lo cual tensa la coherencia del relato progresista.
Por Hugo Catalán Flores | FACTOS – Opinión
La primera versión del Programa de Gobierno —más un resumen que un documento completo— presentado al Servel para la inscripción de la candidatura progresista de Jeannette Jara, requería ajustes en la manera en que se abordan los derechos humanos. La evidente falta de atención a este tema fue tan palpable que hasta El Mercurio lo subrayó en una nota.
En el nuevo documento conocido recientemente, dicha ausencia fue subsanada, incorporando la noción de derechos humanos en más de treinta menciones dispersas a lo largo de diversos temas, como políticas para la tercera edad, formación de las Fuerzas Armadas y asuntos internacionales.
Aparte de las urgencias electorales —que no siempre coinciden con las prioridades sociales—, este cambio revela un proceso de desafección entre la institucionalidad y el ámbito de los derechos humanos. Era crucial un análisis más exhaustivo en la formulación de una coalición que busca continuar con las iniciativas en esta área, especialmente dado los desafíos que el actual gobierno deja pendientes.
Progresos institucionales y continuidad política
Uno de los aportes más significativos respecto a las demandas históricas en derechos humanos será la creación de una política para la búsqueda de detenidos desaparecidos, conocida como Plan Nacional de Búsqueda.
El programa gubernamental, presentado a comienzos de este mes, se estructura en cuatro ejes: Economía, Seguridad, Estado y Convivencia democrática. Dentro de estos, se incluyen 383 medidas, donde la perspectiva de derechos humanos se articula de manera más completa en el cuarto eje, específicamente en el apartado “Derechos Humanos”.
Este apartado profundiza en las políticas públicas ya iniciadas, comprometiendo esfuerzos y recursos para avanzar en las peticiones de familiares de víctimas y sobrevivientes de la dictadura. El texto enfatiza que “los derechos humanos son universales, inalienables e indivisibles, y deben guiar cada decisión de política pública”.
Entre las medidas más relevantes se encuentran las numeradas del 358 al 365, que refuerzan la institucionalidad, a través del fortalecimiento del INDH y la Subsecretaría de Derechos Humanos, garantizando así la implementación del Plan Nacional de Búsqueda.
A primera vista, el marco es adecuado y podría representar avances significativos, si hay voluntad política y recursos apropiados.
El estallido y las limitaciones del relato progresista
Sin embargo, si el programa desea abordar la profunda herida que dejó la dictadura y el pacto de silencio que siguió, hasta aquí los esfuerzos parecen insuficientes. Chile ha vivido un hito histórico desde octubre de 2019, una crisis originada en las contradicciones del sistema, con consecuencias diretas para miles de víctimas a manos de agentes del Estado.
El texto menciona el estallido social solo en dos ocasiones: una para contextualizar políticas de vivienda y otra para reconocer la “responsabilidad de enfrentar las graves vulneraciones de derechos ocurridas durante el estallido social”. Esto se materializa en la medida 360: “Implementación de una Política Nacional de Reparación Integral en Derechos Humanos”, pero carece de una mención concreta sobre los eventos que condujeron a estas graves y sistemáticas vulneraciones.
Aquí es donde el programa se diluye. Se evita articular claramente que lo que vivió la sociedad chilena en esos meses de tensión forma parte de su historia. Pese a los intentos de las élites por distorsionar o minimizar lo sucedido, ese proceso tuvo consecuencias devastadoras: represión generalizada, mutilaciones, prisión política y asesinatos.
Esta falta de valentía política, o al menos la prudencia deliberada para no reivindicar el proceso, socava la coherencia del relato progresista. Aunque se puede entender el intento de atraer al electorado de centro —siguiendo la lógica de “derechizar el discurso” para frenar a la ultraderecha—, esto no puede hacerse a costa de ocultar o relativizar el significado histórico del estallido.
El estallido social fue la manifestación del descontento hacia un sistema que los propios partidos progresistas ayudaron a sostener, ignorando las demandas populares.
El ámbito de los derechos humanos, por su historia y su coherencia ética, no permitirá estos vacíos. La memoria no debe ser un complemento programático ni una concesión electoral; tiene que ser el eje moral y político de toda propuesta que aspire a ser considerada progresista.
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Con Información de factos.cl
