El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha presentado una querella por fraude al fisco contra tres exfuncionarios de la Municipalidad de Las Condes y dos empleados de la empresa privada Vulcon Asset Management. Este recurso se enmarca en la investigación que lleva a cabo la fiscalía sobre la fallida construcción de un Cesfam durante la administración de la exalcaldesa Daniela Peñaloza (UDI), la cual habría ocasionado significativas pérdidas para el municipio.
La querella del CDE está dirigida contra Ricardo Gutiérrez Lafrentz, exsecretario general de la Corporación de Educación; Alejandro Contreras Morales, exsecretario de Planificación; y Héctor Navarrete Aris, exdirector jurídico. En el caso de Vulcon, el organismo ha acusado a sus representantes legales Travisany Santos y Paul Capdeville Castro.
Asimismo, el CDE ha interpuesto una querella contra los abogados Luis Espinoza Novoa y Eduardo López Arriagada por el delito de uso malicioso de instrumento público.
La querella del CDE detalla una serie de irregularidades en el proceso de adquisición de los terrenos donde se proyectaba edificar el nuevo Cesfam, tales como compra de terrenos a precios injustificados, falsificación de decretos municipales y ocultación de información relacionada con la transacción.
El proyecto fallido culminó generando una pérdida de $15.200 millones para el municipio.
Las declaraciones que complican a Peñaloza
A finales de 2024, el exdirector de Control de la Municipalidad de Las Condes, Eduardo López, declaró ante la fiscalía que fue la misma alcaldesa Daniela Peñaloza quien presionó para firmar los decretos que posibilitaron la controvertida compra:
«Le sugerí a la alcaldesa que no los firmara, porque desde mi perspectiva no era adecuado por el precio del terreno, ya que a mi juicio había un daño significativo en perjuicio de la municipalidad respecto al último terreno» afirmó López.
Lo anterior fue corroborado por el exdirector jurídico de la municipalidad, Héctor Navarrete, quien mencionó que «la alcaldesa delegó el proyecto emblemático de su administración a quien dirige el área de salud del municipio (Ricardo Gutiérrez) y a quien está a cargo del presupuesto y las finanzas municipales (Alejandro Contreras), personas de su total confianza».
En abril del año pasado, el Cuarto Juzgado de Garantía ordenó el levantamiento del secreto bancario de la exalcaldesa Peñaloza, así como el de otras siete personas involucradas en la investigación. Además, solicitó acceder y revisar cuentas corrientes tanto de la municipalidad como de la empresa Vulcon Asset Management.
Con Información de www.elciudadano.com