Durante la presentación de su Cuenta Pública Participativa, la Defensora Nacional, Verónica Encina Vera, subrayó la importancia de proporcionar autonomía constitucional a la Defensoría Penal Pública, buscando así lograr un equilibrio en el sistema de justicia.
Encina argumentó que, casi 25 años después de la implementación de la reforma procesal penal, “el contexto global y nacional ha cambiado, pero la Defensoría no se ha modernizado”.
Señaló que la institución que dirige se ha mantenido, desde su fundación, como un organismo dependiente, “mientras que las Defensorías en otros países han avanzado hacia la autonomía”.
En su intervención, la Defensora Nacional –quien estuvo acompañada por el Presidente de la República, Gabriel Boric Font– enfatizó la necesidad de independencia: “Los abogados defensores públicos deben adaptar sus estrategias a los intereses de sus clientes, sin someterse a los dictados del gobierno, de la Defensora Nacional, de los jueces o de la opinión pública”.
“La autonomía se refiere a los derechos de los ciudadanos, no a los derechos de los defensores”, remarcó.
Además, hizo referencia al reciente informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, que indica que la autonomía de la Defensoría Penal Pública es crucial para garantizar adecuadamente el derecho a la defensa.
Para impulsar esta autonomía, añadió, “he convocado a todos los sectores de la institución a un diálogo participativo, con el fin de elaborar una propuesta concreta que se someterá a debate público, dotando a la Defensoría Penal Pública de las herramientas necesarias para fortalecer su rol como garante del debido proceso y el derecho a defensa en el país”.
En la ceremonia, Encina también expresó su preocupación por el creciente uso de la prisión preventiva, que en 2024 mostró un incremento del 0,5% en comparación con 2023, superando los 25,000 casos.
“Un ejemplo significativo es el aumento de mujeres en prisión preventiva, que creció un 12,6% entre 2023 y 2024. La situación es más grave para las mujeres extranjeras, quienes enfrentan una prisión preventiva del 17,6% en comparación con el 4,4% de las imputadas chilenas”, detalló Encina.
Además, destacó que “tales privaciones de libertad suelen prolongarse más, lo que no necesariamente responde a la gravedad de los delitos, sino a la situación de desarraigo familiar y social de las extranjeras, lo cual es percibido desfavorablemente por la judicatura, aumentando la tasa de encarcelamiento en este contexto”.
Finalmente, advirtió que el uso excesivo de la prisión preventiva “puede traducirse en graves vulneraciones de derechos y genera una consecuencia alarmante: su imposición errónea”.
“En 2024, 1,874 personas se encontraron en prisión preventiva sin haber sido condenadas, manteniendo su estado de inocencia… 1,874 personas vivieron la prisión a pesar de no haber tenido que pasar por ello”, concluyó la Defensora Nacional.
Con Información de desenfoque.cl
