En un intento final por anular la medida cautelar de prisión preventiva que afecta al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, su defensa ha recurrido a la Corte Suprema, argumentando serias violaciones a sus derechos fundamentales y la falta de justificación en las decisiones judiciales anteriores.
Luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago inadmitiera el recurso de amparo presentado, la defensa, liderada por el defensor penal público Víctor Providel, solicitó al máximo tribunal que revisara la decisión y permitiera a una sala no inhabilitada del tribunal de alzada examinar el fondo del recurso. “Se solicita que se remitan los antecedentes a la Excma. Corte Suprema […] y se ordene que una sala no inhabilitada […] restablezca el imperio del derecho, anulando el acto ilegal y arbitrario”, se indica en el documento de 15 páginas.
Entre los argumentos fundamentales, Providel afirma que el 7° Juzgado de Garantía omitió consideraciones esenciales al mantener la prisión preventiva, calificando la decisión como “arbitraria e ilegal”. Asegura que no se discutieron aspectos clave durante la audiencia, como la clasificación del abuso sexual y la ausencia de dolo del imputado. “No hay respuesta a las alegaciones de la defensa en la resolución impugnada”, destacó.
La defensa también critica la falta de justificación sobre la supuesta manipulación de evidencia por parte de Monsalve. “No se especifica qué evidencia fue manipulada, ni cuándo supuestamente ocurrió”, y no se detallan “las ‘sospechas graves y fundadas’ que indicarían que nuestro representado podría obstaculizar la investigación”.
Asimismo, Providel señala que la negativa a aceptar el amparo pone en riesgo el derecho de su defendido a una tutela judicial efectiva. “La inadmisión de la acción […] significa que mi representado se verá privado de su derecho a acceder a la protección judicial de sus derechos fundamentales”, afirmó, citando el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Finalmente, sostiene que esta inadmisibilidad podría representar un incumplimiento del Estado de Chile con respecto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. “No se muestra cómo, en el presente caso, se posibilita que mi representado ejerza la acción constitucional en defensa de sus intereses”, concluye la presentación ante la Corte Suprema.
Con Información de www.lanacion.cl