La Asociación Red de Investigadoras considera urgente abordar la controversia surgida por los resultados del reciente concurso de Centros de Excelencia de ANID, donde se ha planteado un falso dilema entre mérito y equidad.
Académicos destacados han señalado que la ausencia de un balance de género ha sido un criterio que excluyó a ciertos centros. Además, sostienen que incorporar criterios de equidad y descentralización podría distorsionar la evaluación al priorizarse sobre el mérito científico.
Estas posturas, promovidas por figuras reconocidas en el sistema científico chileno, reflejan una resistencia ideológica ante la inclusión de principios de justicia y calidad en la investigación. En este contexto, se cometen al menos tres errores críticos que afectan la discusión pública y la legitimidad de los procesos de evaluación.
- Falso dilema: equidad de género versus excelencia
La equidad de género no es incompatible con el mérito; es, de hecho, un prerrequisito para alcanzarlo. La evidencia científica es clara: los sesgos de género impactan negativamente todos los aspectos del sistema de investigación, desde la participación y la evaluación de proyectos hasta el acceso a redes de colaboración y liderazgo científico.
La falta de equidad en los equipos de investigación y en la perspectiva de género en los proyectos ha llevado a resultados concretos negativos, como tratamientos médicos menos eficaces para mujeres y grupos subrepresentados, algoritmos que perpetúan la discriminación y políticas públicas que no toman en cuenta la diversidad social. Una ciencia que ignora a la mitad de la población no puede ser considerada rigurosa ni relevante.
Incluir criterios de equidad de género no distorsiona la excelencia; la refuerza. No es un criterio injusto; es, más bien, una corrección necesaria ante décadas de sesgos estructurales.
- Meritocracia sesgada = mérito artificial
Apostar por un supuesto “estándar académico neutro” sin reconocer los privilegios que lo han construido es mantener una ilusión. La noción de mérito se ha desarrollado bajo parámetros androcéntricos que excluyen a mujeres y diversidades.
Cuando la participación, evaluación y prestigio se ven influenciados por sesgos, el resultado no es excelencia, sino una reproducción de las desigualdades. Defender una meritocracia sin cuestionar sus fundamentos perpetúa un sistema que favorece el privilegio sobre el mérito genuino.
La integridad científica demanda que se reconozcan y corrijan estas distorsiones. No basta con “no discriminar”; es crucial eliminar los obstáculos estructurales que impiden una competencia justa.
- El oportunismo político contra la equidad
La crítica que descalifica los criterios de equidad y descentralización como “un socavamiento de la institucionalidad” utiliza el miedo para desacreditar transformaciones indispensables. Igualar la igualdad de género con una amenaza es, en realidad, reconocer que aporta robustez, tanto científica como democrática. Este tipo de argumentación ha sido utilizada en países como Estados Unidos y Argentina, con resultados preocupantes.
En Chile, este discurso no es nuevo. Lo enfrentamos como Red de Investigadoras al denunciar el acoso en el sistema universitario durante el movimiento feminista. Lo combatimos con la Ley 21.369, que establece un piso mínimo para enfrentar la violencia y discriminación de género en educación superior, un problema sistémico que persiste. Y continuaremos enfrentándolo al apoyar iniciativas que limiten la financiación pública de investigación a quienes tienen deudas de pensión alimentaria.
Sabemos lo que implica desafiar a las élites en pro de la igualdad de género y la integridad científica. Las investigadoras han enfrentado altos costos personales y profesionales por ello, pero no renunciaremos a nuestra misión. En respuesta a estos discursos regresivos, reafirmamos que la equidad y la perspectiva de género son requisitos éticos y metodológicos para una ciencia rigurosa, moderna y pública. Como asociación, seguiremos luchando por proteger estos principios.
Organismos internacionales como Horizonte Europa, UNESCO, OCDE y OEA han subrayado que integrar la perspectiva de género en la investigación no solo es deseable, sino crucial. En línea con estos estándares, Chile ha avanzado en políticas públicas como la Política Nacional de Igualdad de Género en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (2022), que reconoce la necesidad de eliminar las disparidades de género en el sistema científico. Esta política está respaldada por el marco jurídico nacional, incluyendo la Ley 20.609 que prohíbe la discriminación y la Ley 21.369 que regula el acoso y la violencia de género en educación superior. Además, responde a los compromisos asumidos por el Estado al ratificar instrumentos internacionales de derechos humanos. Cuestionar estas políticas bajo el pretexto de defender el “mérito” es ignorar obligaciones jurídicas y éticas fundamentales y significa un retroceso que Chile no puede permitirse.
No se trata de elegir entre mérito o igualdad de género, sino de entender que no puede haber excelencia sin equidad estructural.
Lo mismo aplica para la equidad territorial, un principio esencial para construir una ciencia verdaderamente pública y descentralizada. La falta de equidad territorial es una deuda histórica del sistema de ciencia y tecnología chileno, que ha concentrado recursos en la Región Metropolitana, profundizando desigualdades que restringen el desarrollo científico en otras regiones y precarizan la labor de los investigadores en territorios excluidos. Incluir criterios de descentralización no es un favor, sino una necesidad de justicia territorial, democratización del conocimiento y fortalecimiento del ecosistema científico nacional. Este principio está respaldado por la Constitución Política de la República, que establece la necesidad de fomentar el desarrollo regional. Evaluar la excelencia sin considerar las condiciones desiguales de acceso a financiamiento y redes académicas solo perpetúa privilegios y crea una ciencia desconectada de la realidad de los territorios. La equidad territorial debe ser vista, al igual que la equidad de género, no como una amenaza al mérito, sino como un principio fundamental para una ciencia pública que atienda las diversas realidades del país.
Reiteramos nuestro compromiso con una ciencia íntegra, libre de sesgos, descentralizada y construida de manera responsable. La confianza en el sistema científico se logra corriendo riesgos y corrigiendo problemas estructurales.
Invitamos a la comunidad académica, responsables políticos, al parlamento y a la sociedad en general a fomentar un debate informado sobre cómo fortalecer nuestro sistema de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Para avanzar en esta discusión, es crucial reconocer que el actual ecosistema científico y tecnológico requiere no solo transformación institucional, sino también ética y cultural. Todos los que investigan, lideran o formulan políticas tienen una responsabilidad fundamental en crear un sistema más justo y no permitir que la excelencia y el mérito se utilicen como excusas para perpetuar desigualdades estructurales, sino que promover su análisis crítico para fortalecer la equidad y responder a las necesidades de la sociedad en su conjunto.
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