Por Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad
El pueblo ha decidido, con una amplia mayoría, que José Antonio Kast será el presidente de la República a partir del 11 de marzo de 2026. En este contexto, se ha comprometido a respetar la PGU y otros beneficios sociales, a implementar medidas antiburocráticas para fomentar el crecimiento económico, a solucionar la inseguridad ciudadana y a combatir la corrupción con firmeza. Por lo tanto, solicitamos su pronunciamiento sobre el problema de los 100 edificios ilegales en Estación Central, que fueron construidos con permisos irregulares desde 2013, con una inversión aproximada de 2.500 millones de dólares.
Desde que en abril de 2017 el entonces intendente Claudio Orrego los llamó «guetos verticales», la prensa ha cubierto extensamente este tema, a veces con enfoques erróneos. Actualmente, de esos edificios, solo tres no cuentan con recepciones finales otorgadas por la Dirección de Obras Municipales (DOM), mientras que los demás ya han sido ocupados por propietarios y arrendatarios.
La Fundación Defendamos la Ciudad, junto a otros interesados, presentó denuncias en la Contraloría General de la República, aduciendo que estos actos administrativos infringían las regulaciones urbanísticas. La Contraloría, tras un exhaustivo análisis, declaró la ilegalidad de estas acciones, lo cual ha sido ratificado por la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional en algunos casos.
El 16 de noviembre de 2018 se hizo público el dictamen vinculante Nº 27.918, que acogía la denuncia de nuestra fundación. En este dictamen, se evidenció que en zonas sin una norma de altura máxima no se puede aplicar el sistema de agrupamiento de edificación continua, ya que este sistema depende de esa norma.
Se ordenó detener las obras de los edificios en construcción, no otorgar nuevos permisos, y anular los existentes según el artículo 53° de la Ley N° 19.880. También se dispuso llevar a cabo sumarios administrativos contra los funcionarios que intervinieron en la concesión de permisos, pero nada de esto se cumplió. Los arquitectos responsables, Armin Seeger y María Eugenia Gaete, ya no trabajan en esa municipalidad. Además, la Contraloría repitió su postura en otros dictámenes, recordando que el anterior DOM, Marco Antonio Vidal, nunca otorgó permisos para proyectos en sectores sin regulaciones pertinentes.
Hace cinco años, junto a los arquitectos Miguel Lawner, Miguel Prieto, Jonás Figueroa, el ingeniero Antonio García, y el vecino Alejandro Verdugo, interpusimos querellas criminales por prevaricación administrativa contra funcionarios municipales, pero no sabemos el avance de las investigaciones asignadas a los fiscales.
Posteriormente, durante la gestión del alcalde Felipe Muñoz, se presentó otra querella tras una denuncia de la empresaria Rosa Vallejos sobre un funcionario que solicitaba dinero a cambio de un permiso. Esta situación fue comunicada al entonces alcalde Delgado, quien no la tomó en serio, según un reportaje de Megavisión. Dado que las denuncias no avanzaban, propuse a la contralora, Dorothy Pérez, en una entrevista el 8 de febrero de 2024, que se enviaran los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que presionara a la Fiscalía.
En resumen, aunque ya se han concretado estos hechos, en línea con el principio jurídico de que «donde hay la misma razón, es aplicable la misma disposición», la DOM de Estación Central debería emitir las recepciones finales para los tres edificios que aún no las tienen. Se espera que el próximo Ministro de Vivienda y Urbanismo aborde esta situación y se comunique con el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, para que finalmente se investiguen los delitos cometidos por los funcionarios de la municipalidad. Hay rumores sobre posibles candidatos para el cargo de ministro, y será interesante ver si está dispuesto a exigir sanciones a quienes han infringido la ley.
Con Información de www.elperiodista.cl
