Vocero LGBTIQA+ del Partido Socialista de Chile.
El 22 de agosto de 1984, Edmundo Rodríguez, un profesor de castellano y hombre homosexual, falleció en el Hospital Clínico de la Universidad Católica. Fue el primer paciente en Chile diagnosticado con VIH. Al día siguiente, los medios titulares dieron a conocer: “Murió paciente del cáncer gay”, un encabezado que no solo anunciaba un deceso, sino que perpetuaba un estigma: asociar la homosexualidad con el virus, reduciendo una crisis global a una caricatura discriminatoria.
Este titular es parte de nuestra historia. Nos recuerda cómo el miedo y la desinformación se entrelazaron con prejuicios morales, marginando a quienes vivían con VIH. Cuarenta años después, aunque los avances científicos han convertido el virus en una condición crónica manejable, la discriminación sigue siendo una barrera tan perniciosa como la enfermedad misma.
Chile ha recorrido un largo camino. La muerte de Daniel Zamudio en 2012 representó otro hito crucial. La brutalidad de su asesinato forzó al Estado a responder con la llamada Ley Zamudio. Sin embargo, más de una década de experiencia demuestra que esta ley ha sido inadecuada: su aplicación es limitada, la agravante penal rara vez se aplica en crímenes de odio y, lo más alarmante, no ha logrado proteger eficazmente a las personas contra la violencia y la discriminación.
En la actualidad, esta normativa está en proceso de reforma. En la Comisión Mixta, el Ejecutivo y el Parlamento han avanzado en ciertos aspectos, como la actualización de las categorías protegidas —incluyendo características sexuales— y la posibilidad de indemnización en un solo juicio. Sin embargo, persisten desafíos críticos: la negativa de la oposición a modernizar la agravante penal, lo que dificulta la sanción efectiva de los crímenes de odio; la resistencia a reconocer la discriminación estructural, indirecta e interseccional; y la inestabilidad institucional de una División de Igualdad y No Discriminación cuyo liderazgo sigue siendo objeto de debate.
Al mismo tiempo, los avances en salud son evidentes. En 2024, se registraron 4.327 nuevos diagnósticos de VIH en Chile, la cifra más baja en casi una década, muy por debajo del pico de 6.948 en 2018. La introducción de la PrEP, el acceso garantizado a tratamientos antirretrovirales y la simplificación de los tratamientos a una sola tableta diaria han sido decisivos. No obstante, los desafíos continuan: un tercio de los diagnósticos aún se realiza de forma tardía, la cobertura de la PrEP sigue siendo limitada y el uso de preservativos es todavía bajo.
El contraste es claro: los logros médicos se ven confrontados con el estigma persistente. Reducir contagios pierde sentido si el miedo y la discriminación siguen alejando a las personas de hacerse pruebas. De nada sirve contar con el mejor tratamiento si en la sala de espera todavía se pueden escuchar susurros cargados de prejuicio.
Por ello, en este 22 de agosto, que nos recuerda a Edmundo Rodríguez y ese titular infame, debemos considerar estas dos historias como una sola. La del VIH y la de la discriminación son indisolubles. La ciencia ha progresado, pero la dignidad sigue en deuda.
Modificar la Ley Antidiscriminación a través de una agravante penal efectiva y el reconocimiento de la discriminación estructural es parte esencial de la misma tarea que ampliar la prevención combinada y fortalecer la educación sexual integral. En ambos casos, se trata de asegurar vidas plenas, libres de miedo y estigmas.
Chile ha avanzado, pero aún tiene una deuda pendiente con aquellos que murieron en silencio en los años ochenta, con quienes fueron víctimas de crímenes de odio y con aquellos que en la actualidad siguen enfrentando barreras para vivir con dignidad. La memoria no solo es un recuerdo: es una exige de justicia.
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Con Información de pagina19.cl
