El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), ha interpuesto una querella en la que acusa a diversas personas del ámbito público y privado de conspirar en su contra por las acusaciones de corrupción que enfrenta.
Aunque está dirigida a “quien resulte responsable”, la denuncia menciona a figuras como la fiscal Giovanna Herrera Andreuchi y los abogados Gabriel Zaliasnik Schilkrut y Mario Vargas Cociña, quienes supuestamente formarían parte de un “montaje judicial” en su contra, afectando su derecho a un proceso justo, según informó Radio Biobío.
La querella, elaborada por el abogado Lorenzo Morales Cortés y admitida a trámite por el tribunal este jueves, consta de 44 páginas y busca responsabilizar a quienes, en calidad de autores, cómplices o encubridores, hayan participado en los delitos de prevaricación y fraude procesal, solicitando penas de tres años de prisión para el primero y diez para el segundo.
A través de estas maniobras, sostiene la denuncia, se estaría elaborando una “imputación injusta” contra Daniel Jadue por delitos reiterados de fraude al fisco, estafa, cohecho y un delito concursal durante su presidencia en la Asociación de Farmacias Populares (Achifarp).
El primer mencionado en la querella es la fiscal Giovanna Herrera Andreucci, quien en enero de este año estuvo a cargo de la reformalización contra Jadue.
A ella se le acusa de participar en la investigación penal a pesar de tener un conflicto de interés vinculante con el líder comunista, al ser concuñada de Javier Vega Sepúlveda, socio y representante legal de la farmacia Fracción, competidora del modelo de Jadue.
“(…) Existe una colusión entre diversas personas públicas y privadas, lo cual configura una participación en una imputación injusta, donde un conjunto de prestamistas se confabuló para llevar a cabo un montaje judicial”, se menciona en el documento.
En este contexto, se alega que la empresa Best Quality, denunciante en el caso de las Farmacias Populares, tiene un “historial sospechoso”, al haber presentado la querella contra Jadue “a pesar de estar inmersa en negociaciones” y luego vender la deuda al “prestamista informal Fernando Cassorla, quien también era proveedor de Best Quality”.
Sobre Cassorla, se menciona que proporcionó propaganda electoral a varios políticos, incluido Carlos Montes, suegro de la fiscal Herrera. No obstante, las acusaciones más concretas se dirigen hacia quien, según la querella, sería el abogado de Cassorla: Gabriel Zaliasnik.
El abogado es mencionado en la querella en 11 ocasiones y se le acusa de haber “buscado perjudicar a Jadue” debido a una enemistad previa, ya que Zaliasnik es judío y Jadue un activista palestino.
La tercera acusación se basa en un reportaje de The Clinic titulado “La influencia de Luis Hermosilla en el Congreso: los chats con Samuel Donoso y Gabriel Zaliasnik”, que presenta antecedentes de las conversaciones de un grupo en WhatsApp que incluye a los abogados y donde se discute cómo perjudicar a Jadue.
Consultado por Radio Biobío, Gabriel Zaliasnik calificó las menciones como “delirantes”. “Supongo que la querella busca un objetivo instrumental y político, intentando sustentar la supuesta ‘guerrilla judicial’ que enfrenta Jadue debido a los graves casos de corrupción que el Ministerio Público le ha imputado”.
En el texto presentado, se solicita al Ministerio Público que ordene a la PDI investigar los hechos denunciados y realice todas las diligencias necesarias para acreditar lo expuesto y identificar a los responsables, además de ofrecer testigos con protección de identidad para esos efectos.
Con Información de www.lanacion.cl