Nassib Segovia
Vicedecano de la Facultad de Economía, U. Central
La Ley 21.719 ha abierto un debate que va más allá de lo legal y afecta la utilización diaria de datos personales con propósitos comerciales en Chile. Este país ha avanzado hacia un estándar moderno de privacidad, en sintonía con tratados internacionales. Sin embargo, todavía hay una notable discrepancia entre lo que establece la normativa y lo que ocurre en la práctica, especialmente en el ámbito del marketing digital, donde persiste la creencia de que «los datos disponibles son utilizables».
La nueva legislación exige una transformación que se fundamenta en el consentimiento explícito, la claridad de objetivos, la trazabilidad y la verificación del origen de los datos. Esto implica dejar atrás bases de datos antiguas y segmentaciones poco transparentes. Un claro ejemplo de este reto es el envío de promociones sin contar con registros válidos, un problema que se agrava por la dependencia de plataformas externas; el verdadero desafío es que el marketing debería dejar de ver a las personas como simples perfiles.
Muchos sistemas de marketing, como los CRM y las automatizaciones, fueron diseñados para activar datos, no para registrar consentimientos ni gestionar su eliminación. La ley no solo regula la captura de datos, sino también su registro, perfilado y los límites en su utilización, lo que obliga a una revisión de procesos para asegurar que cada usuario esté completamente informado sobre cómo y por qué se utiliza su información.
El papel del Estado es crucial, tanto para supervisar en el futuro como para fomentar una cultura que valore la privacidad como parte de un trato digno. Esto demanda acciones concretas, como campañas de educación digital y mayor transparencia en la publicidad automatizada.
Lo que está en juego no es solo un protocolo administrativo, sino la confianza, fundamental para el desarrollo. El Estado, las empresas y la ciudadanía deben comprender que un marketing responsable no obstaculiza el crecimiento; por el contrario, brinda la oportunidad de establecer relaciones más transparentes y sostenibles. La ley ya ha trazado el camino y es momento de pasar de la teoría a la acción, asegurando un control efectivo mediante evidencias, trazabilidad y cumplimiento real.
Con información de osornoenlared.cl
Con Información de chilelindo.org
