Martín Vizcarra, expresidente de Perú (2018-2020), fue trasladado este jueves al penal de Barbadillo en Lima, donde cumplirá cinco meses de prisión preventiva, dictada por su supuesta participación en un caso de sobornos durante su tiempo como gobernador regional en Moquegua. Allí compartirá recinto con otros exmandatarios como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.
Vizcarra fue llevado por la Policía Judicial desde la carceleta del Poder Judicial, donde pernoctó, hasta la cárcel de Barbadillo, en el distrito de Ate. El traslado se realizó en una furgoneta con fuerte custodia y bajo la atenta mirada de los medios de comunicación.
Previo a su llegada, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) indicó que Vizcarra sería clasificado en el penal de Barbadillo, un establecimiento reservado para expresidentes, garantizando el respeto a sus derechos fundamentales y el cumplimiento de las normas penitenciarias vigentes.
Fuera de la Corte Superior de Justicia de Lima, donde partió el vehículo con Vizcarra, varios simpatizantes se congregaron para brindarle apoyo, incluyendo a su hermano Mario Vizcarra, quien expresó que su familiar “pronto estará en libertad”. “Él está tranquilo porque tiene la conciencia limpia”, añadió.
El miércoles, el juez Jorge Chávez Tamariz dictó cinco meses de prisión preventiva para evitar un posible intento de fuga de Vizcarra, en relación a una próxima condena por soborno pasivo, vinculado a presuntos sobornos durante su mandato en Moquegua (2011-2014).
VIZCARRA DENUNCIA UNA CONSPIRACIÓN POLÍTICA
Después de la decisión y ya en detención, Vizcarra compartió un video pregrabado en su cuenta de TikTok, donde rechazó la medida judicial.
“Hola, si estás viendo este video es porque se ha dictado una detención preventiva en mi contra. Esto ya lo sabía desde hace dos días, porque había una resolución firmada anticipando este resultado; no se trata de justicia, sino de política”, manifestó el exmandatario.
“Hay un pacto mafioso que gobierna Perú desde las sombras, infiltrándose en todas las instituciones y poderes del Estado, como lo está haciendo con el Poder Judicial”, agregó Vizcarra, quien, a pesar de haber sido inhabilitado tres veces por el Congreso, figuraba entre los principales candidatos en las encuestas para las elecciones de 2026.
Recordó que fue destituido de la presidencia en 2020 por el Parlamento y que el Congreso lo ha separado de su partido, Perú Primero, que él mismo fundó y con el que lideró las intenciones de voto en años anteriores.
GRAVE SOSPECHA
El juez argumentó que existían fundamentos suficientes para dictar la prisión preventiva, señalando un nivel grave de sospecha y un riesgo procesal razonable.
Señaló que, aunque no determinó culpabilidad, su decisión se basó en el riesgo procesal, debido a las sospechas de que Vizcarra habría recibido 2,3 millones de soles (aproximadamente 611,000 dólares) de empresas contratistas relacionadas con las obras Lomas de Ilo y la expansión del Hospital de Moquegua.
Esta es una medida cautelar para asegurar su presencia en un juicio en el que la Fiscalía solicita una pena de 15 años de prisión.
Por su parte, Erwin Siccha, abogado de Vizcarra, cuestionó la resolución emitida que parecía estar “previamente redactada” tras la audiencia.
“¿Qué riesgo de fuga existe si sigue compareciendo y acudiendo a todas las citaciones judiciales? ¿Qué más prueba de que el señor presidente ha cumplido con todas las decisiones judiciales?”, se preguntó el letrado.
Añadió que están “convencidos de que esta decisión responde a la presión ejercida por ciertos medios de comunicación y sectores opuestos a Martín Vizcarra”.
Siccha anunció que apelarán la decisión, argumentando que el juez Chávez Tamariz está casado con una fiscal del equipo especial del caso Lava Jato, en el que también interviene el fiscal Germán Juárez, quien investiga a Vizcarra y a otros expresidentes peruanos.
Con Información de www.lanacion.cl
