La Fiscalía de Occidente comunicó este martes los resultados de la denominada “Operación Apocalipsis”, un amplio operativo llevado a cabo en colaboración con la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería en diversas regiones del país, con el objetivo de desmantelar una red de corrupción que operaba en los centros penitenciarios de Santiago 1 y San Joaquín.
El operativo resultó en 66 arrestos, de los cuales 44 eran funcionarios de Gendarmería.
Las acciones se realizaron en nueve cárceles ubicadas en las regiones Metropolitana, Maule, Biobío, La Araucanía, Ñuble, Los Ríos y O’Higgins, así como en residencias particulares.
Así, se emitieron órdenes de arresto para 66 personas, en su mayoría gendarmes.
Participaron en el operativo 500 agentes de la PDI y 190 de Gendarmería.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, explicó que, a raíz del trabajo de análisis realizado, se decidió en 2023 la creación de un enfoque penitenciario. Esto implica que “el fiscal de la región Metropolitana sería responsable de investigar los fenómenos criminales al interior de las cárceles”, abarcando no solo actividades delictivas de internos, sino también aquellos delitos en los que son víctimas a manos de funcionarios de Gendarmería, incluyendo actos que podrían considerarse corrupción.
“Este tipo de labor no ofrece resultados inmediatos; requiere un esfuerzo sostenido y objetivo que ha ido dando frutos poco a poco”, añadió.
Ingreso de productos prohibidos
El fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén, informó que tras el análisis del organismo, se detectó que en dos centros penitenciarios de la Región Metropolitana (Santiago 1 y San Joaquín), funcionarios de Gendarmería colaboraban con particulares para ingresar productos prohibidos y facilitaban la entrada de personas que no debían estar en esos recintos.
De acuerdo a esto, se realizaron múltiples operativos en la madrugada en esos dos establecimientos y otros siete a nivel nacional, resultando en 66 detenciones, de las cuales 44 son funcionarios de Gendarmería, incluyendo 40 con órdenes de arresto vigentes y cuatro detenidos en flagrancia en Santiago 1.
Finalmente, se informó que como resultado de las investigaciones se pudieron congelar activos en 183 cuentas bancarias vinculadas a los involucrados en este procedimiento. Además, se allanaron nueve inmuebles con autorización judicial, se incautaron 16 vehículos y se recuperó una cantidad aproximada de 50 millones de pesos.
Se encontraron infracciones a la Ley de Drogas, a la Ley de Control de Armas y se constató el ingreso de teléfonos celulares a los recintos penitenciarios”, concluyó.
Con Información de www.lanacion.cl
