¿Cuántas vidas más se tendrán que perder para que las instituciones del Estado y los empresarios del transporte público tomen acción efectiva ante el caótico estado vial que enfrentamos a diario en Valparaíso?
Lo sucedido la noche del 24 de junio de 2025, cuando colisionaron dos microbuses, es un claro y desgarrador reflejo de las precarias condiciones laborales y de salud de quienes transportan a miles de personas diariamente, poniendo en riesgo su vida y la de otros, sin la debida conciencia de la responsabilidad que esto implica.
Recorrer Valparaíso permite observar a diario este descontrol: semáforos rojos ignorados, señales de tránsito que parecen ser meras decoraciones, velocidad excesiva en microbuses, taxis y vehículos particulares, y un aumento de la agresividad entre conductores y pasajeros, lo que ha hecho que el tránsito en la ciudad pierda la civilidad que alguna vez caracterizó a sus habitantes.
En la universidad somos conscientes de estos sufrimientos. La trágica muerte de Consuelo Pérez, una estremecedora y querida estudiante de una familia trabajadora, sigue siendo una carga para todos nosotros. A pesar de los esfuerzos de una Comisión Intersectorial conformada por parlamentarios, instituciones del Estado y familiares de Consuelo, no hemos obtenido resultados concretos ni medidas que acaben con el miedo diario de perder a otro estudiante, a un compañero de trabajo o incluso nuestra propia vida. Cualquiera puede caer en este abismo.
Por ello, hacemos un llamado urgente a quienes tienen responsabilidades en este asunto para que actúen de inmediato. Las soluciones son necesarias hoy, no mañana, y deben enfocarse en las siguientes áreas: primero, verificar la idoneidad de los conductores que manejan el transporte público. Su salud, especialmente mental, debe ser un requisito fundamental, y necesitan someterse a entrenamientos regulares que lo certifiquen. Desde la Comisión y nuestras universidades, podemos colaborar en la recuperación de la civilidad que hemos perdido.
Además, es crucial aumentar la supervisión de los equipos encargados de estas labores, incorporando tecnología que mejore las medidas de control sin necesariamente aumentar el escaso personal fiscalizador de las autoridades. Hay múltiples opciones que podrían mejorar la seguridad, al igual que la instalación de señales de tránsito, pasos peatonales y nuevos semáforos, que garantizarían un derecho humano básico: la libertad y seguridad en nuestras calles y espacios públicos.
Finalmente, quienes hemos asumido la responsabilidad de cuidar y apoyar a nuestros estudiantes universitarios no debemos normalizar la muerte de jóvenes llenos de vida y sueños, ante la indiferencia de entidades estatales y empresarios que pretenden ignorar la situación. Me rehúso a aceptar otra muerte de un estudiante, cuyo nombre se va desvaneciendo con el tiempo, mientras sus familias siguen añorando un cuidado que nunca llegó.
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