Cristina Fernández debe presentarse ante las autoridades argentinas antes del 19 de junio.

La Justicia argentina ha dado a la expresidenta Cristina Fernández un plazo de cinco días para que se entregue a las autoridades, tras la ratificación por parte de la Corte Suprema de la condena de seis años de prisión por corrupción en el caso Vialidad. Este martes, se rechazó el último recurso presentado por la líder del Partido Justicialista (PJ).

El tribunal que la condenó ha ordenado que Fernández se presente ante las autoridades dentro de un máximo de cinco días hábiles a partir de la notificación de su sentencia, lo que significa que debe hacerlo antes del 19 de junio, según informan los medios digitales La Nación y Página12. Esta medida también se aplicará a los otros ocho condenados en el mismo caso “para hacer efectivas sus detenciones”.

Además, el juez Jorge Gorini solicitó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que informe en un plazo de “24 horas” sobre la dependencia de las fuerzas de seguridad donde se alojará la expresidenta al momento de su detención.

En su escrito, el juez destacó que al seleccionar el lugar para las detenciones “se debe considerar y atender a las características individuales” de cada condenado.

En el caso de Fernández, también aclaró que se deben tener en cuenta “las condiciones de seguridad y custodia especiales relacionadas con su función como expresidenta y vicepresidenta”, subrayando la necesidad de proporcionar “cuidados adicionales” debido al intento de asesinato que sufrió en septiembre de 2022.

Poco después, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron la detención inmediata de los nueve condenados, incluida la líder del PJ, así como la incautación de sus bienes, según un documento al que tuvo acceso el diario Clarín.

“La falta de una reacción sancionatoria inmediata (…) podría interpretarse como una señal de que las normas legales y del sistema internacional diseñadas para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción no se aplican uniformemente a todos los funcionarios públicos”, argumentaron en el escrito, reiterando su opinión de que la condena de seis años es “insuficiente y desproporcionada frente al grave daño causado”.

Con Información de www.lanacion.cl

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