La crisis que atraviesa el país no es un hecho fortuito ni el resultado de un colapso inesperado. Se trata, más bien, del resultado predecible de décadas sin tomar decisiones sobre numerosos problemas de gran relevancia, así como de la incapacidad para anticipar crisis futuras relacionadas con la justicia, la seguridad y la gestión política. Hoy, esos problemas —finalmente maduros— han comenzado a socavar la escasa legitimidad del sistema institucional chileno.
Durante décadas, el país ha mantenido un diseño organizativo de la administración y la gestión política del Estado, tanto en el periodo pre como post régimen militar, sin implementar reformas sustanciales. Este diseño se basaba en la idea de asegurar una autonomía simple y autocontrolada de sus órganos superiores, sin entender que pertenecen a un sistema de poderes que debería actuar de forma armónica, con un solo criterio que garantice la racionalidad del servicio público. Esta autonomía, en un contexto democrático, rápidamente se transformó en autarquía y discrecionalidad. Al intentar modernizarse, como con la reforma del sistema de procedimiento penal, los nuevos organismos profundizaron y perpetuaron una cultura de estructuras cerradas, jerárquicas y escasamente fiscalizadas.
Esto es evidente en el sector de justicia, donde, a pesar de las numerosas señales de deterioro —sentencias cuestionadas, procesos opacos, conflictos de interés y corrupción—, hay pocas señales de rectificación. Como consecuencia, el sistema judicial, en muchos casos, deja de aplicar el principio de igualdad ante la ley, no proporciona seguridad jurídica y permite que el acceso a la justicia dependa más del poder de los litigantes que del mérito jurídico de la causa.
El sistema judicial, así, representa de manera clara el fracaso institucional de Chile. Permite procesar quiebras con activos de alto valor económico sin una fiscalización adecuada; se aceptan valoraciones ridículas de bienes estratégicos en una especie de rapiña judicial en la que intervienen jueces, peritos y síndicos de quiebra, todo ello en desmedro de la fe pública. Además, por la omisión de organismos públicos, se niega de hecho el principio de tutela judicial, dejando al albedrío del juez la resolución de controversias legales que pueden acarrear resultados arbitrarios o ilegales en múltiples casos. Ejemplos como la quiebra de Curauma S.A., la Insolvencia Transfronteriza de Latam, o el juicio por sabotaje informático en contra del presidente Gabriel Boric son solo algunos de los muchos.
La ausencia de acción institucional para controlar, garantizar legalidad y promover transparencia ha normalizado actuaciones jurídicas cuestionables. Organismos que deberían defender el interés público eligen el silencio y la omisión. Esto se ha convertido en una falla sistémica que se había anticipado y denunciado, pero no corregido.
Deterioro económico
Este deterioro institucional ha ido de la mano, como causa o consecuencia, de una crisis económica estrechamente vinculada a decisiones políticas. La falta de certezas regulatorias, la ineficiencia de los organismos fiscalizadores, la captura de decisiones clave por intereses privados y un descrédito general en la capacidad técnica del Estado han socavado la confianza en el funcionamiento de los mercados y la fe de los inversionistas, debilitando la actividad productiva y poniendo en riesgo las bases de un desarrollo sostenible. En un país donde decisiones judiciales vitales pueden tardar décadas o están sujetas a presiones de lobbies y grupos de interés ilegales, la economía formal opera en un marco de inseguridad jurídica.
Si a esto se suma un Estado que gasta de manera ineficiente y recauda de forma regresiva, resulta casi imposible que su gestión logre un crecimiento en cohesión social y estabilidad.
En las políticas públicas, se ha optado por el inmovilismo. Con una escasa franja de certeza, las reformas en áreas como salud, pensiones, educación, vivienda, productividad, innovación y financiamiento del desarrollo son irremediablemente parciales y reactivas, a menudo bloqueadas por intereses corporativos. El practicismo inmediatista de la política prioriza la contención sobre la transformación, la gestión de la desigualdad en lugar de su corrección, y una agenda extensa, detallista y ambigua de promesas que no son viables de concretar.
Un claro ejemplo de esto es la seguridad pública. Las respuestas legislativas han sido fragmentarias, mientras que las reformas necesarias llevan años en espera. La atención se centra en aumentar penas o militarizar funciones, sin abordar el problema central: la desarticulación del Estado en los territorios, la obsolescencia de los sistemas de inteligencia y ciberseguridad, y la falta de control efectivo sobre instituciones policiales en crisis. Se persigue a individuos y no a los patrimonios criminales. El crimen organizado ha avanzado donde el Estado se ha replegado o ha fallado en construir cohesión y legitimidad social.
La ciudadanía refleja su descontento: la desafección. La confianza en las instituciones ha disminuido drásticamente, la participación política ha fluctuado entre el voto obligatorio y la frustración, y la noción de justicia ha llegado a ser, para muchos, una ilusión inalcanzable. La institucionalidad se vacía cuando pierde su legitimidad, y el mercado se retrae ante la ausencia de garantias mínimas de equidad, estabilidad y legalidad.
No es la crisis en sí misma lo más grave, sino que esta era predecible. Lo evidente fue ignorado. Las señales estaban presente: un sistema judicial capturado, una economía estancada, un Estado sin rumbo, y una política sin dirección. Sin embargo, se eligió no actuar. Se prefirió administrar la decadencia en lugar de confrontar las causas. El país necesita mucho más que ajustes técnicos; requiere una reforma institucional profunda, legítima y eficiente. Con urgencia.
Con Información de desenfoque.cl
