Por Mesa del Desenfoque.cl
En junio del año pasado, el Poder Judicial se vio envuelto en una polémica tras el caso de espionaje que involucró al exministro Juan Antonio Poblete, de la Corte de Apelaciones de Santiago. Durante una reunión de la Corte Suprema para abordar el asunto, uno de los jueces sugirió revitalizar la comisión de ética. En medio de este debate, se conoció la declaración de la ministra María Teresa Letelier, quien confrontó a sus colegas al recordarles que ninguno de ellos había sido designado “por obra y gracia del Espíritu Santo”.
Esta afirmación sugiere que muchos jueces y juezas de este nivel tienen conexiones políticas que facilitaron sus nombramientos. El dilema es si estos lazos generan obligaciones de agradecimiento que podrían derivar en conductas inapropiadas en el ejercicio de sus funciones. Aunque la transparencia no es un valor ampliamente promovido en el Poder Judicial, es posible rastrear indicios de estos vínculos que podrían llevar a influencias externas. Si existe realmente una coalición entre políticos y jueces, esta situación sin duda crea un entorno propicio para la mediocridad y la corrupción en los cargos, contribuyendo así a la actual crisis institucional del Poder Judicial. Es relevante para la sociedad conocer quiénes son los miembros de la Corte Suprema, la institución que rige el Poder Judicial. La información proviene de fuentes públicas y opiniones de abogados locales.
Ricardo Blanco, presidente de la Corte Suprema, quien en pocos días presidirá la ceremonia de inicio del Año Judicial, fue formalizado en 2008 por un caso de violencia intrafamiliar cuando era ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Un fiscal determinó que el testimonio de su esposa aportaba pruebas creíbles de violencia. El juez Fernando Valderrama consideró que existían antecedentes de abuso doméstico, incluyendo golpes y amenazas en más de una ocasión, y en enero de 2008 decidió formalizar a Blanco y ordenarle el abandono del hogar. En el día de la formalización, la esposa de Blanco se retractó, afirmando que todo había sido un malentendido. En 2013, Blanco fue nombrado ministro de la Corte Suprema y en enero de 2024, tras ser el miembro más antiguo, se convirtió en su presidente.
Uno de los vínculos que podrían haber respaldado su carrera es Alberto Espina, actual consejero del CDE. El exsenador y exministro habría intervenido en su favor ante el entonces presidente Sebastián Piñera, cuando la ministra de Justicia, Patricia Pérez, se opuso a la designación de Blanco debido a sus antecedentes. Espina fue compañero de estudios de Ricardo Blanco en la Universidad de Chile y estuvo presente cuando este último asumió la presidencia de la Corte Suprema.
Arturo Prado Puga. Con raíces en el mundo empresarial bancario, es muy cercano al sector político de la derecha. Antes de unirse a la Suprema, fue fiscal en el banco BCI, de la familia Yarur. Fue propuesto por Bachelet para ocupar un cupo externo en la CS y asumió como ministro en agosto de 2017, después de ser ratificado por el Senado con 25 votos a favor, uno en contra y una abstención. Inicialmente parte de la Tercera Sala, sus fallos tendían a favorecer al empresariado, lo que lo llevó a ser trasladado a la Primera Sala antes de enfrentar una “acusación constitucional”. En 2014, votó en contra de la prohibición de reemplazar trabajadores en huelga con personal interno de las empresas, cuando aún era abogado integrante de la Primera Sala civil de la CS. Desde entonces, ha adoptado una postura más equilibrada, votando en contra de los bancos en fallos favorables a los clientes en 2018 y 2019.
Jessica González. Nominada por Gabriel Boric, asumió en octubre de 2024. Su principal apoyo político es el senador socialista Alfonso de Urresti, con quien comparte la Universidad de Concepción. Después de cuatro intentos de nominación, De Urresti intercedió ante el entonces ministro de Justicia, Luis Cordero, para que su nombre fuera propuesto, además de movilizar apoyo en el Senado para conseguir los votos necesarios. Dentro de la corte, recibió respaldo como parte de la quina de Haroldo Brito y Lya Cabello, esta última, como Fiscal de la Corte Suprema, fue la autora del informe legal que impidió la extradición del empresario Carlos Cardoen a los Estados Unidos por contrabando de circonio.
Soledad Melo. Nominada también por Gabriel Boric, asumió el 3 de noviembre de 2022. Está casada con Nelson Pozo, exministro del Tribunal Constitucional y cercano al Partido Socialista, lo que fue clave para que ese partido apoyara su nombramiento. Tiene vínculos directos con Luis Hermosilla y ha sido vista en actos sociales junto a su esposo. En 2022, meses antes de su votación en el Senado, Hermosilla, según chats filtrados, envió su currículum a su secretaria, Katherine Muñoz. Melo afirma no recordar haber compartido su CV, y los senadores niegan cualquier gestión en su favor por parte de Hermosilla.
Manuel Valderrama. Su hijo, Manuel Valderrama Escobar, enfrenta una querella en el 7 Juzgado de Garantía por cohecho, prevaricación y apropiación indebida. Según la acusación, habría recibido un pago por rematar un terreno a favor de una minera por $2 mil millones, cuando el valor del terreno asciende a $6.500 millones. Ha sido defendido por abogados como Ángel Valencia, actual Fiscal Nacional, y otros durante un periodo de siete años. También está denunciado el abogado y exdiputado radical Eduardo Lagos, quien es defendido por Mario Vargas, ambos cercanos a la exministra Ángela Vivanco. Manuel Valderrama Rebolledo fue ratificado en el Senado en agosto de 2015 tras ser nominado por Michelle Bachelet.
Gloria Ana Chevesich, quien, debido a su antigüedad, debería ser la próxima presidenta de la CS, ha tenido lazos conocidos con la interrelación entre el poder judicial y la política. El 15 de mayo de 2007, cuando la jueza Gabriela Pérez asumía como ministra de la Corte Suprema, Chevesich era parte de la Corte de Apelaciones de Santiago. Ese mismo día asistió a un almuerzo cerrado en honor a Pérez con senadores y ministros, conversando sobre nombramientos y carreras, en una especie de “santería” política. Su “milagro” ocurrió en mayo de 2013 cuando Sebastián Piñera la propuso para el máximo tribunal, algo similar a lo que ocurrió con Andrea Muñoz, nominada por Sebastián Piñera en marzo de 2013, quien es conocida por sus estrechos vínculos con Soledad Alvear y Gutemberg Martínez.
Mauricio Silva Cancino, ministro reservado y muy profesional; María Angélica Repetto, nominada en 2019 para reemplazar a Milton Juica, una profesional de bajo perfil; Leopoldo Llanos, Adelita Ravanales y María Cristina Gajardo, todos ellos, con su cautela y discreción, parecen ser parte de una respuesta profesional a una Corte Suprema en crisis, cuya debilidad no responde a las exigencias de una democracia.
Con Información de desenfoque.cl