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Por Claudia Molina B.| FACTOS – Reportajes
El 19 de junio de 2025, el sistema nacional de control migratorio de Chile, crucial para la seguridad fronteriza, colapsó en varios puntos clave del país. Este fallo, que afectó desde kioscos automatizados en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez hasta el paso fronterizo Los Libertadores, reveló una dura realidad: la infraestructura crítica de la seguridad nacional puede ser tan vulnerable como el proveedor más reciente.
El Día del Colapso del Sistema
La empresa encargada del soporte y operación del sistema, BEACON42, enfrenta un proceso sancionador inédito, liderado por la Policía de Investigaciones (PDI), con multas que alcanzan las 200 UTM. El contrato inicial, adjudicado a la firma, totaliza $1.083 millones de pesos por un período de 21 meses. No obstante, el conflicto trasciende las cifras y pone de manifiesto un enfrentamiento subyacente entre una entidad del estado y una empresa privada. Según documentos a los que FACTOS tuvo acceso, BEACON42 no solo incumplió su contrato, sino que, de acuerdo con la PDI, eludió su responsabilidad en un momento crítico, generando un “riesgo grave a la seguridad nacional”.
Los Fundamentos del Control Migratorio: ¿Qué es el SCM y quién lo gestiona?
El Sistema de Control Migratorio (SCM) es la plataforma tecnológica que permite el registro, control y verificación de todas las entradas y salidas de personas en los puntos habilitados del país. Integra diversas bases de datos nacionales e internacionales —como Interpol, Policía Internacional y GEPOL— para detectar alertas, órdenes de detención o prohibiciones migratorias.
En enero de 2024, la mantención y operación del SCM fue adjudicada a BEACON42 mediante una licitación pública bajo la ID N° 3844-1-LR24, con un total de $1.083 millones de pesos. Este contrato incluía soporte 24/7, monitoreo proactivo y mantenimiento del sistema.
Desde su implementación, el contrato ha sufrido varios ajustes técnicos, pero el talón de Aquiles del sistema salió a relucir tras el incidente del 19 de junio: una falla crítica que demostró la falta de monitoreo y una inadecuada reacción ante las alertas del sistema.
El Conato: PDI vs BEACON42
La Resolución Exenta N°504, emitida por la Jefatura Nacional de Migraciones (JENAMIG) de la PDI el 9 de julio de 2025, detalla meticulosamente los desacuerdos, omisiones y malentendidos que marcaron la relación entre la policía civil y BEACON42 en los meses previos a la sanción.
Una cronología de errores y justificaciones
Entre marzo y junio de 2025 se registraron al menos tres incidentes graves. El más crítico, ocurrido el 19 de junio, fue calificado por la PDI como “abandono del servicio público”. El informe oficial indica: El servicio falló desde las 11:00 horas. El ticket fue enviado al correo de soporte oficial ([email protected]). La respuesta se recibió 21 horas más tarde, incumpliendo el “Acuerdo de Nivel de Servicio” (SLA) de tres horas. La solución proporcionada fue, según la PDI, “ineficaz”, y el problema persistió varios días más.
La empresa argumentó que el incidente ocurrió en un día no hábil y fuera del horario de soporte. La respuesta institucional fue clara: “el sistema migratorio no duerme”. La continuidad operativa 24/7 es una obligación contractual irrenunciable.
La interpretación que llevó a la frustración
BEACON42 mantuvo, según las disposiciones, la diferencia entre “horarios de soporte” y “disponibilidad del servicio”. Para la PDI, esta interpretación fue no solo errónea, sino peligrosa. “La empresa confunde sistemáticamente soporte técnico con continuidad del servicio, evidenciando un grave desconocimiento de sus propias obligaciones”, se señala en el documento.
El informe adiciona con firmeza: “La solución ofrecida fue no solo tardía, sino equivocada; confundieron un despacho hacia Aduanas con uno hacia Argentina. No entendieron la naturaleza del problema. No monitorearon el sistema. No implementaron alertas tempranas. La PDI tuvo que intervenir con personal técnico propio para resolver la situación”.
El lenguaje se endurece
En el cuarto fundamento de la resolución, la PDI señala que la conducta de BEACON42 constituye un caso de abandono de servicio público, una falta grave que trasciende lo administrativo: “amerita no solo la multa aplicada, sino también una revisión integral del contrato”.
La tensión entre ambas entidades también se refleja en el lenguaje jurídico del reporte. La PDI califica de “inexistentes” los argumentos presentados por la empresa y subraya la “interpretación errónea de las cláusulas contractuales” , además de rechazar cualquier alegato de desproporcionalidad: “La ausencia de multas en años anteriores no constituye un derecho adquirido para incumplir”.
Además, la resolución relata un episodio particularmente incómodo que ocurrió durante una reunión técnica de coordinación. Según el documento, representantes de BEACON42 abandonaron abruptamente la reunión sin ofrecer explicaciones, dejando a funcionarios de la JENAMIG y de la Subdirección de Tecnología del Ministerio del Interior sin respuestas a cuestiones críticas. La PDI calificó este hecho como “una situación vergonzosa, impropia de un proveedor del Estado y una falta grave de respeto institucional”.
Impactos reales: ¿Pudo un sicario cruzar la frontera sin ser detectado?
Uno de los aspectos más preocupantes de esta investigación es la coincidencia temporal entre las fallas del sistema y la fuga del país del comerciante asesinado José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”. Durante los días en que el sistema migratorio funcionó con deficiencias, varios niveles de verificación internacional —Interpol, GEPOL— estaban colapsados o operando de forma intermitente.
El temor de que el atacante, Alberto Carlos Mejía Hernández, logró salir del país sin ser detectado, aprovechando esta “ventana de baja vigilancia”, no ha sido descartado por los investigadores, dado que fue controlado en el paso fronterizo de Chacalluta sin activar alertas. ¿Se convirtió una falla técnica en un riesgo letal?
¿Quién vigila al vigilante?: El problema estructural del outsourcing en seguridad nacional
El caso BEACON42 pone en el centro del debate un tema poco discutido abiertamente: la tercerización de servicios críticos del Estado, como la gestión del sistema de control migratorio. Si bien el modelo de licitación y concesión de servicios digitales es habitual, la disposición de la PDI sugiere que en este caso hubo una excesiva confianza estructural:
BEACON42 fue contratada para diseñar, implementar y mantener la plataforma basada en BizTalk Server y tenía la obligación contractual de monitoreo proactivo, alertas tempranas y disponibilidad continua. No se activaron mecanismos de respaldo, y los servicios críticos quedaron inoperantes durante horas, incluso días.
El contrato, por más de mil millones de pesos, exigía estándares operativos que, según la disposición de la PDI, no se cumplieron de manera reiterada.
FACTOS intentó sin éxito establecer contacto tanto con el dueño de BEACON 42 LIMITADA, Héctor Cor Arana, como con el responsable del contrato de la PDI. Hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta.
¿Y ahora qué?: Medidas y posibles desenlaces
La PDI indicó que el contrato está en proceso de revisión. Las multas ya fueron impuestas, pero existe la posibilidad de una rescisión anticipada o incluso acciones judiciales si se demuestra mala fe o negligencia grave. También se evaluaría una reestructuración del modelo de supervisión y alerta temprana, junto con exigencias de mayores garantías a futuros contratistas.
Una advertencia hacia el futuro
Este caso, aún en desarrollo, pone de manifiesto las debilidades de una infraestructura digital crítica que parecía robusta. También subraya que en el ámbito de la seguridad nacional no hay errores menores, y confiar la primera línea en el control migratorio a una empresa que no responde durante 21 horas podría tener consecuencias que van más allá de las UTM.
https://drive.google.com/file/d/1GhkyNdCz3UVLanINJliQgOi1mNXQXYLH/view?usp=sharing
Con Información de factos.cl
