El inicio del año judicial, programado para el 1° de marzo, presentará a la Corte Suprema con una de las crisis institucionales y éticas más significativas en su historia. A finales de diciembre del año pasado, la ministra vocera María Soledad Melo expresó: “Ha sido un año difícil, posiblemente el peor en los más de 200 años de la historia del Poder Judicial y la Corte Suprema”.
Se espera poco de la rendición de cuentas del presidente de la Corte, el ministro Ricardo Blanco, debido a su actuación polémica y poco clara, en medio de una crisis generalizada.
La evidente fractura del principio de autoridad en su funcionamiento y las expulsiones de algunos ministros configuran una potente representación del mito de la Caverna de Platón. En una institución con 14 mil empleados, 8 mil jueces y 3 millones de casos anuales (de los cuales 250 mil son apelaciones), los ministros parecen desconectados de la realidad. Se ven forzados a aceptar como verdad las sombras que les presenta su Corporación Administrativa, encargada tanto de manejar lo judicial como el funcionamiento financiero y orgánico, lo que les restringe a conocer solo su propia labor, dejando la puerta abierta a injerencias externas, intereses privados y corrupción judicial, en un entorno que casi carece de control interno.
Los retos que enfrenta hoy el Poder Judicial en una democracia contemporánea van más allá de la capacidad de su órgano rector. La administración de justicia se ha convertido en un problema de Estado, de carácter constitucional, que afecta la protección de derechos civiles y políticos en una sociedad amenazada por la omisión.
El asunto es tanto cultural como político, dado que los consensos internos y los mecanismos operativos están obsoletos o rotos. Los ejemplos son evidentes: el deficiente funcionamiento de la Comisión de Ética, la falta de autonomía presupuestaria, las investigaciones internas y la gestión de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). La falta de respuesta a las orientaciones en materia de seguridad nacional es evidente, ya que el Poder Judicial se desvincula de las normativas de ciberseguridad, lo que agrava su incapacidad de garantizar un respaldo adecuado y seguro en el ámbito digital.
Desalineamiento del PJUD respecto a la Ley de Ciberseguridad.
La ciberseguridad es una de las facetas más críticas de la seguridad moderna. Las amenazas que enfrenta afectan el núcleo esencial de la información relacionada con asuntos del Estado, incluidos los ámbitos financieros y militares. El crimen organizado, considerado uno de estos riesgos, busca atacar esa área vulnerable. Las amenazas físicas y territoriales que suelen visualizarse en términos de seguridad son, en realidad, manifestaciones secundarias de ajustes criminales internos, que impactan sobre todo el funcionamiento policial y la seguridad de los ciudadanos. La cibercriminalidad, en sus diversas formas, es mucho más compleja y busca adueñarse de los sistemas decisionales del Estado, no para destruirlos, sino para controlarlos y convertirlos en cómplices del crimen transnacional.
En Chile, la Ley N° 21.663 de Ciberseguridad entrará en plena vigencia en 2025. Según su artículo 1°, se establece el marco normativo que debe seguir todos los organismos del Estado para “estructurar, regular y coordinar acciones de ciberseguridad” (incluyendo ciertos ciudadanos y organismos particulares), con el fin de establecer requisitos mínimos para la prevención, contención, resolución y respuesta ante incidentes de ciberseguridad.
Para ello, se creó la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), un servicio público descentralizado y especializado, vinculado administrativamente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con el objetivo de coordinar esfuerzos de ciberseguridad nacional, dotado de facultades normativas, de supervisión y sanción para garantizar el cumplimiento de la ley.
No obstante, no todos los organismos del Estado están bajo la supervisión de la ANCI ni obligados por la Ley de Ciberseguridad. Instituciones como el Senado, la Cámara de Diputados, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, el Banco Central, el Ministerio Público, el Servicio Electoral y el Consejo Nacional de Televisión no se ven sujetas a dicha normativa.
Mientras que las instituciones que deben cumplirla, incluidas varias del sector privado, están obligadas a implementar medidas para prevenir, reportar y resolver incidentes de ciberseguridad, a las mencionadas solo se les sugiere considerar y/o adoptar políticas similares. De este modo, una entidad tan crucial como el Poder Judicial puede optar, si lo desea, por no establecer “un sistema de gestión de seguridad de la información, la creación de planes de continuidad operativa y ciberseguridad, la realización de auditorías y simulacros periódicos, y la designación de un delegado de ciberseguridad”, lo que contradice su responsabilidad de “garantizar la resiliencia y seguridad de los servicios esenciales que prestan”.
Las razones propuestas para esta exclusión son supuestamente principios de autonomía e independencia, buscando proteger la información sensible y confidencial que manejan, así como la seguridad de las pruebas y evitar la posible intervención de otros poderes del Estado. Sin embargo, estas son precisamente las razones que deberían justificar su sometimiento a la ANCI.
La crisis del PJUD se centra en nombramientos, filtraciones de causas y la manipulación de salas judiciales, lo que hace incomprensible la exclusión de la ley sobre ciberseguridad, sobre todo considerando que en el ejercicio de su función debe determinar conflictos y juicios generados en virtud de su aplicación, lo que transforma dicha exclusión en un absurdo en términos de responsabilidad democrática. En su momento, la Corte Suprema ya se pronunció ante el Congreso Nacional sobre la ley de ciberseguridad en sus diversas versiones, sin mayores inconvenientes. La lección que se extrae es que quienes aprobaron la ley y aquellos que deben juzgar con base en ella, se encuentran al margen de su cumplimiento.
La paradoja de la falta de fiscalización
Según la CS, el PJUD tendría sus propios mecanismos de ciberseguridad a través del Departamento de Informática de la CAPJ, por lo que podría reportar incidentes de ciberseguridad. Sin embargo, no está obligado a hacerlo, y, si lo quisiera, no tiene cómo hacerlo.
En la actualidad, el PJUD carece de registros en aspectos digitales esenciales, como por ejemplo el archivo de datos relacionado con el algoritmo de distribución de causas civiles, que, según el ministro Ricardo Blanco, representa más de 3 millones al año. Esto se debe a que borran sus registros de manera periódica. Esta situación genera un grave problema de transparencia, trazabilidad y seguridad de la información judicial, al no existir registros de incidentes (logs) ni accesos autorizados (prácticamente secretos). Esto se evidenció en diciembre de 2024, cuando una licitación para “generar una auditoría” al algoritmo de distribución de causas fue declarada desierta, ya que después de la fase de preguntas, nadie presentó una propuesta, dado que sin registros de incidentes o claves, nadie serio puede comprometerse a auditar procedimientos arbitrarios. La CAPJ, utilizando la misma información en enero de 2025, inició un RFI para el algoritmo, lo que implica la creación de bases para una licitación que muestra su retraso, basado en preguntas de posibles proveedores.
Es esencial realizar una auditoría externa del sistema digital completo que establezca un punto de partida para permitir que el PJUD cumpla con la Ley de Ciberseguridad del Estado de Chile, que debería ser obligatoria para ellos.
Los problemas mencionados ponen a toda la Justicia en la senda de nombramientos discrecionales y prácticas arbitrarias o corruptas. Un sistema así es más susceptible a ciberataques, no solo provenientes del crimen organizado, sino también de potencias extranjeras o incluso de una simple cadena de incidentes digitales.
La responsabilidad sobre estas situaciones recae en la CS, que depende directamente de la CAPJ. Si ha habido un abandono flagrante de sus deberes en esta área, es completamente responsable y debería corregir el rumbo, dotando al PJUD de la infraestructura digital crítica necesaria y una gestión que prevenga fraudes.
Las evidencias de estas irregularidades son múltiples. En más de una ocasión se han presentado delitos informáticos asociados a una manipulación deliberada del sistema de distribución de causas, lo cual es extremadamente grave para la seguridad nacional.
Graves irregularidades y posible delito informático
Resulta complicado definir qué acciones deberían tomarse para que la Corte Suprema modifique su actitud de desinterés respecto a la orientación estratégica del PJUD y los niveles de excelencia tecnológica requeridos para un servicio de justicia efectivo en el siglo XXI. Las irregularidades son tan manifiestas, graves y persistentes en el tiempo, así como las omisiones del máximo tribunal tan reiteradas, que generan pesimismo. Aquí algunos ejemplos.
El Caso Curauma (Rol 13.913-2013) relacionado con la quiebra de Curauma S.A., cuya vista, de acuerdo a una respuesta explicativa de la CAPJ (Oficio 8AJ N° 247 de 23 de mayo de 2022), debió corresponder al Sexto Juzgado Civil de Santiago usando el algoritmo de distribución vigente. Sin embargo, fue asignada al Segundo Juzgado Civil sin ninguna lógica o justificación, violando los criterios establecidos. Desde este tribunal, el proceso adquirió un curso irregular, lleno de infracciones y omisiones sospechosas por parte de organismos de fe pública como la Superintendencia de Quiebras, actualmente de Insolvencias, y la Superintendencia de Sociedades, hoy CMF, entre otros.
En el Caso Latam (Rol 8553-2020), el primer procedimiento ingresado en materia de “Insolvencia Transfronteriza”, debía ser recibido teóricamente por cualquier tribunal civil, pero debió ser asignado al 15° Juzgado Civil de Santiago según el algoritmo, tal como se detalla en el Oficio mencionado de la CAPJ. Sin embargo, inexplicablemente fue asignado también al Segundo Juzgado Civil, desde donde se tramitó rápidamente para su presentación en EE. UU. bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras.
Otro caso relevante es el de Iquique (Rol 30.634-2011). En este caso, se reportó que en julio de 2023 se deshabilitaron ciertos tribunales de manera arbitraria, incluyendo el 17° Juzgado Civil de Santiago, argumentando una supuesta sobrecarga administrativa. Esto generó controversia ya que contradice los criterios del algoritmo. Según cifras oficiales del PJUD, el 17° Juzgado Civil de Santiago manejó en promedio 250 causas al mes durante 2023, un volumen que no respalda su exclusión del sistema de asignación de nuevas causas.
En 2022, la CAPJ afirmó que el sistema funcionaba correctamente, pero en 2024 admitió la pérdida de registros clave, lo cual sugiere encubrimiento o destrucción intencionada de pruebas. Para evitar la certificación de la falta de trazabilidad y la pérdida de códigos fuente (la CAPJ utiliza Visual Basic que no tiene código original), que impediría auditorías técnicas y podría ser considerado falsificación por omisión; la probabilidad de estadísticas anómalas entre causas como indicio de corrupción activa, así como las amplias, diversas y documentadas declaraciones contradictorias de la CAPJ al ministerio público sobre el tema, son todos factores relevantes.
¿Cree usted que Ricardo Blanco podrá dar cuenta de esta situación y/o ofrecer una solución en su informe público del 1° de marzo?
Con Información de desenfoque.cl