Por Claudia Molina B.| FACTOS – Reportajes
Antonio Infante, director del Servicio de Salud Metropolitano Norte, ha presentado recientemente una querella por delitos presuntamente cometidos hace años que ya estaban bajo la investigación del Ministerio Público. Esta acción parece intentar posicionarlo como un defensor de la transparencia. No obstante, se da justo después de que la Contraloría le formulara cargos. Además, su centro de salud, el Hospital San José, está bajo la lupa por el controvertido nombramiento de su nuevo director, Rodrigo Infante Cotroneo, exgerente de una empresa que ha recibido millonarios contratos.
Una querella que llega tarde
Luis Antonio Infante Barros, director del SSMN, ha interpuesto una querella por fraude al fisco y malversación de fondos públicos contra quienes se determinen responsables de las irregularidades en el Hospital San José. La querella, patrocinada por el abogado Maximiliano Retamal, solicita declaraciones de varios funcionarios y exfuncionarios (Ver Anexo 1).
Esta acción se basa en el Informe Final N°29 de 2024 de la Contraloría General de la República (CGR), que evidenció pérdidas millonarias y serias fallas en la gestión de activos e inventarios. Sin embargo, estos hechos ya habían sido entregados al Ministerio Público, que investiga con el apoyo de la Brigada de Lavado de Activos de la PDI.
Es notable que Infante recurre a la justicia solo poco después de que la CGR le formulara cargos administrativos en su rol de director.
“Si esta acción se hubiese realizado hace dos o tres años, habría parecido un acto normal para proteger el patrimonio público. Sin embargo, hacerlo ahora, justo tras enfrentar cargos, suena más a un intento por desmarcarse de responsabilidades”, comentó en anonimato un exalto funcionario del Minsal.
Nuevo director bajo cuestionamientos
A medida que Antonio Infante intenta proyectar un discurso de transparencia, el Hospital San José, bajo su administración, enfrenta críticas por el nombramiento de Rodrigo Infante Cotroneo como nuevo director.
Antes de asumir, Infante Cotroneo fue gerente general de MEDICAL POLICENTER S.A., la cual obtuvo dos contratos millonarios el 29 de julio para proveer servicios médicos al hospital: uno por $226.384.800 (ID-1057474-16-LR25) y otro por $60.358.500 (ID 1057474-15-LR25). La empresa cuenta como representante legal a Jaime Mañalich Muxi, exministro de Salud, lo que añade un contexto político a la adjudicación.
Vínculos y posibles conflictos de interés
El cambio directo de un cargo ejecutivo en la empresa adjudicataria a la dirección del hospital que utiliza sus servicios genera dudas sobre conflictos de interés y transparencia. La Ley de Probidad Administrativa busca prevenir estas situaciones, pero los documentos contractuales revisados no contienen medidas preventivas explícitas.
Un contrato favorable al proveedor
El contrato permite a MEDICAL POLICENTER subcontratar servicios, lo que diluye la fiscalización. También impone multas desproporcionadas: infracciones administrativas pueden resultar más costosas que un daño a pacientes, lo que suscita interrogantes sobre las prioridades de la negociación. Además, las sedes de MEDICAL POLICENTER se localizan en Puente Alto y San Bernardo, lejos de usuarios del Hospital San José, como los de Til Til, lo que podría traducirse en demoras en la atención y acceso a servicios como colonoscopías.
Influencia política
La figura de un exministro de Salud como representante legal de la empresa refuerza las dudas sobre posible favoritismo en la adjudicación. Aunque no hay evidencia clara de irregularidades, la combinación de vínculos laborales previos, la red política y los contratos millonarios generan un debate ético considerable. (Ver Anexo 2)
La paradoja de la probidad
Esta situación pone de manifiesto una paradoja: el director del SSMN intenta presentarse como defensor de la justicia y la probidad con una querella tardía, mientras a su vez coordina el nombramiento de un director de hospital con vínculos directos a un proveedor favorecido. (Ver Anexo 3)
Más allá de las palabras, queda la incertidumbre de si la red de salud del norte de Santiago está realmente promoviendo la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, o si las decisiones recientes alientan la desconfianza ciudadana ante favoritismos, conflictos de interés y maniobras defensivas de la autoridad.
Funcionarios del Hospital San José, al ser consultados por FACTOS sobre la querella de “Tono” Infante, respondieron: “La querella es una vulgaridad. Intenta involucrar a quienes han denunciado sus irregularidades” y otro profesional declaró que: “La situación es sencilla: Antonio Infante es un ladrón. Solo un delincuente como él puede contratar a un amigo para dar charlas y cobrar $40 millones. Esto es recurrente en su historia.” Finalizan expresando su descontento sobre la falta de respuesta por parte de la ministra de salud, Ximena Aguilera, en esta crisis del HSJ.
Anexos
1.- Lea la querella completa aquí: https://drive.google.com/file/d/1yoqOsYTP1Zl54iuoD99LuNj3pV2OXoh0/view?usp=sharing
2.- Lea Resolución Exenta N°1391 del 29 de julio del 2025 aquí:
https://drive.google.com/file/d/11kJ9e6-JOsWTTw5jDlsh0dr–G-sDcG3/view?usp=sharing
3.- Lea Resolución Exenta N°1392 del 29 de julio del 2025 aquí:
https://drive.google.com/file/d/1Lukl_E9l0jXDjJG_iZkfX4PFIVj9UVoG/view?usp=sharing
Con Información de factos.cl
