Autor: Claudia Molina B.| Factos – Denuncias
En el Hospital El Carmen de Maipú, se han denunciado reiteradamente serias irregularidades administrativas por parte de trabajadores, gremios y funcionarios. A pesar de la gravedad de los hechos, las autoridades han mantenido una postura de omisión. Tras el último informe de Factos, la única medida visible de la directora (s), Patricia Mellado, fue enviar a Jaime Santana a feriado legal, sin que se conocieran sanciones disciplinarias, perpetuando el silencio sobre el problema.
En el Hospital El Carmen, lo insólito ha pasado a ser habitual. Un asunto que comenzó como un aparente caso de favoritismo se ha transformado en una compleja red de conflictos de intereses y pagos injustificados, evidenciando una impunidad que data de 2021 y que involucra al actual Subdirector (s) de Gestión y Desarrollo de Personas, Raúl Valdés.
A cuatro años de las primeras denuncias, la principal involucrada en el caso, sobre el cual Factos obtuvo información exclusiva, sigue ocupando un cargo de alta dirección. Aunque algunos han intentado ocultar esta historia, documentos, testimonios y pruebas irrefutables han resurgido.
El caso: cuando contratar a tu pareja no tiene consecuencias
En 2021, en medio de la pandemia de COVID-19, Carla Quinteros Sainz, entonces jefa de la Unidad de Asistencia y Fiscalización del Hospital El Carmen, hizo uso de su puesto para contratar a su pareja, Karen Soto Farías. El vínculo se estableció bajo la modalidad de teletrabajo, con pagos extraordinarios por honorarios.
El problema es que Karen Soto no era funcionaria del hospital, no participó en ningún concurso público y nunca llevó a cabo funciones verificables, ya sean presenciales o remotas. No obstante, recibió importantes pagos, gestionados directamente por Carla Quinteros en el sistema SIRH, que está reservado exclusivamente para funcionarios públicos.
Este procedimiento violó las normas de probidad administrativa y conflicto de intereses, desarrollándose en un contexto de emergencia en el que los recursos públicos debían ser destinados a salvar vidas. Aprovecharse de esta situación es no solo irregular, sino también éticamente inaceptable.
Denuncias que se pierden entre escritorios
No solo es alarmante el hecho en sí, sino la falta de consecuencias. La situación fue informada a varias autoridades del hospital, incluida la actual dirección, sin que se haya tomado acción alguna, ni se haya instruido un sumario administrativo o investigación interna.
Una carta enviada el 2 de mayo de 2025 por Fenats Histórica al Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC), la Subsecretaría de Redes Asistenciales y el Ministerio de Salud, de la cual Factos tuvo acceso exclusivo, señala que la omisión también recae en quienes debían actuar y decidieron permanecer en silencio.
Curiosamente, Carla Quinteros no solo no ha sido destituida, sino que ha sido ascendida: actualmente es jefa del Departamento de Calidad de Vida, un cargo que debería implicar altos estándares éticos.
Un sistema hecho a medida del silencio
Fuentes internas indican que este caso no sería único. La proximidad de Quinteros con figuras de poder ha dificultado cualquier intento de fiscalización. Los funcionarios que alzaron su voz han sido ignorados, disuadidos o incluso amenazados, en un entorno donde la lealtad personal prevalece sobre la ley.
La situación se mantiene operativa para quienes controlan el sistema. El conflicto de intereses es evidente, mientras que la responsabilidad política y administrativa sigue ausente.
¿Y la ética pública?
Este caso suscita una pregunta más amplia: ¿qué sucede cuando las instituciones encargadas de supervisar el correcto uso de los recursos públicos deciden mirar hacia otro lado? ¿Cuántos recursos estatales se han desviado sin rendición de cuentas? ¿Por qué una persona con denuncias formales ocupa aún puestos directivos?
El silencio institucional no solo es cómplice; es una parte estructural de la corrupción que permea el sistema público desde su interior.
Inconsistencias documentales: contratos fantasma con fecha del año 1900
Los documentos obtenidos por Factos revelan más irregularidades. Desde 2021, la nómina de pagos de Karen Soto Farías muestra serias anomalías. Por ejemplo, el contrato a honorarios tiene un número de resolución ‘9999999’ y una fecha de resolución del ’01/01/1900’. Así es, 1900.
El primer pago fue registrado a la Subdirección del Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas bajo la glosa 24 – COVID 19. Otro pago, fechado el 01/09/2023, también aparece con resolución ‘9999’ y fecha’ 01/01/1900’, esta vez cargado a la Subdirección de la Unidad de Medicina (glosa 14). Un tercer pago, del 01/01/2022, repite el patrón: misma resolución, misma fecha dudosa, misma falta de transparencia.
Estas no son simples erratas administrativas: evidencian un sistema diseñado para dificultar la trazabilidad y ocultar pagos irregulares, justo cuando el país atravesaba una emergencia sanitaria donde los recursos debían ser destinados a enfrentarla.
Lo que el hospital quiere olvidar, otros lo recordarán
El asunto de Carla Quinteros y Karen Soto no es un mero incidente; es un indicativo de cómo el abuso de poder y la negligencia institucional se perpetúan sin consecuencias.
Pese a que las direcciones puedan cambiar, los nombres rotar, los hechos perduran en la conciencia de quienes aún creen que la función pública es un deber de servicio, no de privilegio.
Es relevante mencionar que durante el periodo en que ocurrieron estos hechos, Carla Quinteros estaba bajo la supervisión de Raúl Valdés, actual Subdirector (s) de Gestión y Desarrollo de Personas. Su inacción en este contexto refuerza la percepción de encubrimiento institucional.
Factos intentó sin éxito obtener una respuesta de la jefa de Calidad de Vida, Carla Quinteros, y no recibió contestación hasta el cierre de esta edición.
Un hospital en medio del colapso moral
La serie de denuncias por corrupción, negligencia médica, maltrato laboral y abandono del deber en el Hospital El Carmen requiere una intervención profunda, efectiva y urgente. Esta intervención debe respetar el debido proceso, pero también llevar a consecuencias reales.
No puede seguir normalizándose el uso arbitrario de fondos públicos, sobre todo en contextos de crisis sanitaria, donde cada recurso puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Los responsables deben rendir cuentas y el sistema no puede seguir premiando la opacidad. Si la ética pública ha de tener valor, este es el momento de defenderla.
Con Información de factos.cl
