“Utilizaremos todas las herramientas disponibles en la Constitución para garantizar una justicia transparente e independiente”, afirmaron los parlamentarios junto a sus colegas del oficialismo.
Durante una conferencia de prensa, los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini (PS), que han presentado una querella en el Caso Hermosilla, se unieron a otros parlamentarios oficialistas como Ana María Bravo, Daniel Melo y Marcos Ilabaca (PS); Camila Musante (Bancada PPD); Gael Yeomans y Javiera Morales (FA); Félix González (PEV) y Rubén Oyarzo (PR), para anunciar una acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, después de que el Pleno de la Corte Suprema decidiera rechazar su remoción.
Además, los legisladores están considerando la posibilidad de avanzar contra aquellos jueces que no se inhibieron de participar en la votación sobre la destitución del magistrado. Esta decisión del alto tribunal se produce tras la suspensión de Ulloa por dos meses y la apertura de una investigación para su remoción, a raíz de su implicación en gestiones con el abogado Luis Hermosilla, quien se encuentra imputado en el Caso Audios.
“La justicia no puede estar influenciada por redes corruptas, los chilenos merecen tribunales justos e imparciales. La imagen de corrupción que transmite hoy el Poder Judicial es devastadora. Jueces que debieron inhibirse, por su cercanía o por haber expresado opiniones anteriores, optaron por proteger a Antonio Ulloa”, manifestó Manouchehri.
El parlamentario por la Región de Coquimbo añadió que “no se trata de un juez cualquiera. Hablamos de alguien que se enorgullecía de enviar poemas a Hermosilla en señal de agradecimiento, y que ya había sido sancionado por el propio Poder Judicial. La ministra (Verónica) Sabaj fue destituida por mucho menos. Hoy presenciamos cómo las redes de favores y compromisos inapropiados prevalecieron sobre la independencia y la ética.”
“Por eso, iniciaremos una acusación constitucional contra el juez Ulloa y evaluaremos los casos de aquellos que podrían haber incumplido su deber de probidad. Lo decimos con claridad: no permitiremos que la corrupción se normalice en el Poder Judicial.”
Sobre este tema, la diputada Daniella Cicardini afirmó que “lo ocurrido en la Corte Suprema es una vergüenza nacional. Este empate que salva a Ulloa es insólito y evidentemente deja dudas sobre la imparcialidad que debe regir en el Poder Judicial. Y estamos hablando de Antonio Ulloa, quien formaba parte de la red de Hermosilla, donde existía tráfico de influencias y nombramientos irregulares de jueces.”
“El Poder Judicial había asumido un compromiso de realizar una limpieza profunda, y hoy ha enviado una mala señal. Esto genera corrupción, dudas y suspicacias entre la ciudadanía. Además, en la misma situación que el señor Ulloa se encontraba la ministra (María Teresa) Letelier”, aseguró.
Asimismo, Cicardini enfatizó que “todo lo que hagamos desde el Congreso Nacional será para proteger nuestra democracia. Haremos lo que sea necesario para cumplir con el compromiso de garantizar un poder judicial independiente, imparcial y autónomo. La justicia no se vende, se defiende, y utilizaremos todas las herramientas de la Constitución para salvaguardarlo.”
La acción fue anunciada previamente el lunes 29 de septiembre, a través de una declaración conjunta de parlamentarios que llamaron a proteger la independencia del Poder Judicial y la confianza ciudadana en los tribunales, haciendo uso de sus facultades constitucionales contra la corrupción judicial. Esto ocurrió antes de que el máximo tribunal tomara finalmente la decisión sobre la permanencia del juez Ulloa.
Este documento fue firmado por los diputados Daniel Manouchehri, Daniella Cicardini, Ana María Bravo, Juan Santana, Danisa Astudillo, Daniel Melo y Leonardo Soto (PS); Diego Ibáñez, Javiera Morales, Claudia Mix y Camila Rojas (FA); Boris Barrera (PC); Tomás Hirsch (AH), Félix González (PEV), Helia Molina (PPD), Cosme Mellado (PR) y Eric Aedo (DC).
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