La Corte Penal Internacional (CPI) ha expresado su preocupación por la orden ejecutiva firmada por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que impone sanciones a sus funcionarios, alegando que estas medidas buscan debilitar su capacidad para llevar a cabo diversas investigaciones. Según la CPI, estas acciones representan un ataque significativo contra los países miembros.
La presidenta de la CPI, jueza Tomoko Akane, ha rechazado enfáticamente cualquier intento de interferir en la independencia y objetividad del tribunal, advirtiendo sobre el riesgo de politización en su labor judicial. Asimismo, lamentó que las sanciones impuestas por Estados Unidos impidan que las víctimas de crímenes de guerra y otras atrocidades accedan a la justicia en distintas partes del mundo.
«A medida que las atrocidades continúan afectando la vida de millones de niños, mujeres y hombres inocentes, la Corte se ha vuelto indispensable. Representa el legado más significativo del sufrimiento infligido a civiles durante las guerras mundiales, el Holocausto, genocidios, violencia y persecuciones», destacó Akane.
La CPI enfatizó que está llevando a cabo procedimientos de diversas investigaciones en todo el mundo, en «estricto apego a las disposiciones del Estatuto de Roma», un tratado que le otorga al tribunal la jurisdicción para juzgar a los principales responsables de crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y agresión estatal.
«La orden ejecutiva anunciada es solo el último de una serie de ataques sin precedentes que buscan socavar la capacidad de la Corte para impartir justicia. Estas amenazas y medidas coercitivas son ataques serios contra los Estados Parte de la Corte, el orden internacional basado en el estado de derecho y millones de víctimas», añadió la magistrada.
En este contexto, recordó que la CPI y sus funcionarios «realizan diariamente su labor judicial para determinar si ciertas conductas individuales, dentro de su legítima jurisdicción, pueden dar lugar a responsabilidad por crímenes internacionales». A partir de esas investigaciones y la recopilación de evidencias, el tribunal emite órdenes de arresto contra quienes se sospecha han cometido estos crímenes, como fue el caso del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, relacionados con la guerra en Gaza.
Cuando los crímenes ocurren en el territorio de un país miembro, como Palestina, la CPI tiene la jurisdicción para abrir una investigación, incluso si los presuntos autores son nacionales de un país que no ha ratificado el Estatuto de Roma.
Con Información de hoysantiago.cl