Por Piero Soto Rivas, Académico U. Central
Andrés Velasco, ex Ministro de Hacienda, calificó la propuesta de eliminar las contribuciones a la primera vivienda como “populismo puro”.
Esta afirmación, aunque contundente, resulta insuficiente. Reduce un tema complejo a un simple eslogan y se basa en una premisa que no se sostiene ante la realidad: asumir que ser propietario de una vivienda equivale a tener un gran patrimonio y una sólida situación económica.
En Chile, existe una gran variedad de personas—desde la clase media hasta adultos mayores y familias que han adquirido su vivienda con esfuerzo y endeudamiento— cuyos ingresos no crecen al mismo ritmo que el avalúo fiscal. Para ellas, el aumento constante de las contribuciones no es un debate teórico ni ideológico, sino una presión incesante sobre presupuestos ya ajustados. El valor de la vivienda “en papel” no se traduce en su capacidad de pago real. Aquí no se trata de acumulación patrimonial ni de ingresos por alquileres, sino de hogares.
Además, el sistema actual genera distorsiones significativas: encarece la compra de vivienda, introduce incertidumbre a largo plazo y afecta de manera desproporcionada a quienes intentan ser propietarios por primera vez. En un país con un crónico déficit habitacional, minimizar estos efectos no es neutralidad técnica, sino desatención política.
Es importante que la política tributaria sea responsable y fiscalmente sostenible. Sin embargo, cuando la técnica se utiliza para eludir la equidad, pierde su propósito original. Imponer una carga tributaria permanente sobre la vivienda principal—que no es un bien de lujo ni un activo especulativo, sino el principal respaldo económico de millones de familias—resulta en efectos regresivos, incluso si se presenta como una medida “correcta” desde el punto de vista fiscal.
Proponer exenciones, tramos diferenciados o mecanismos de alivio no es populismo. El verdadero populismo es cerrar el debate apelando a una supuesta superioridad técnica y patrimonial, ignorando la realidad de quienes no cuentan con los márgenes económicos necesarios para formular estos juicios.
La pregunta fundamental es clara y válida: ¿Queremos un sistema tributario que recaude sin considerar sus consecuencias, o uno que, además, sea socialmente justo y no penalice el acceso a una vivienda digna? Ese—y no otro—es el debate que merece ser abordado.
Con Información de www.elperiodista.cl
