La Municipalidad de Copiapó, bajo la administración de Maglio Cicardini, acumula denuncias por pagos extraordinarios a funcionarios y adjudicaciones por trato directo. Contraloría y Fiscalía revisan si estos procedimientos se adecuan a la normativa de transparencia y probidad.
La gestión municipal de Copiapó enfrenta nuevos cuestionamientos administrativos que van más allá de las acusaciones de intervencionismo electoral. En los primeros cuatro meses de 2025, el municipio pagó más de $187 millones de pesos en horas extraordinarias a funcionarios municipales, según reportes de medios locales.
Ese elevado monto despertó alertas entre concejales y organizaciones ciudadanas, por lo que algunas denuncias ya habrían sido presentadas ante Contraloría. Investigaciones preliminares consultan si estos pagos corresponden a jornadas extraordinarias reales o si existe sobredimensión del gasto en remuneraciones adicionales.
Paralelamente, una empresa —identificada como VCH E.I.R.L.— habría obtenido más de 70 órdenes de compra del municipio en plazos reducidos, muchas a través de mecanismos de trato directo o “compra ágil”. La acumulación de estas órdenes supera los cien millones de pesos.
A esto se suma la polémica licitación correspondiente a servicios de diagnóstico médico, que fue denunciada ante Contraloría en julio por posibles vicios en las bases o adjudicaciones que no cumplirían con las exigencias legales para concursos públicos.
El Ministerio Público ya confirmó que existen diligencias relacionadas con delitos de fraude al fisco, negociación incompatible y cohecho, aunque no ha emitido un procesamiento formal aún.
Estas denuncias se suman al clima de sospecha alrededor del municipio de Copiapó, donde la transparencia administrativa parece estar bajo tensión. En un escenario regional clave electoralmente, los problemas de gestión pueden tener un impacto directo en la credibilidad del gobierno local y su futuro político.
