La Contraloría General de la República informó que 10,805 funcionarios públicos, que trabajan en servicios regionales, abandonaron el país durante su licencia médica o parte de ella.
De acuerdo con el nuevo Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°16, esto podría sugerir el uso indebido de 15,257 licencias médicas emitidas entre 2023 y 2024, siendo el 76% de estas emitidas a través de Fonasa y el 24% a isapres.
Este informe fue presentado por la contralora general, Dorothy Pérez, en junio de este año ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
Se señala que los titulares de las 15,257 licencias habrían entrado o salido del país en 26,606 ocasiones.
Un total de 67 funcionarios tienen entre 16 y 30 salidas y/o entradas, mientras que 30 cuentan con más de 30. Durante 2023 y 2024, la mayoría de estos viajes al extranjero se registraron principalmente en el último trimestre, entre octubre y diciembre.
Los funcionarios que presuntamente incumplieron con su periodo de reposo provienen de 442 entidades públicas en diversas regiones. De estas, el 67% pertenecen a servicios de salud y hospitales, un 15% a Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), un 11% a municipalidades y corporaciones, y el 7% a otros servicios.
Se destacan el Servicio de Salud Magallanes (1,258 licencias), SLEP Chinchorro (1,065 licencias), Servicio de Salud del Reloncaví (780 licencias), Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota (692 licencias), Dirección Servicio de Salud Aysén (553 licencias), y Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta (517 licencias).
Estos más de 10,000 casos se suman a los 25,078 funcionarios públicos reportados el 20 de mayo pasado en el CIC N° 9.
Luego de la presentación de este informe, la Contraloría procederá a notificar a las instituciones implicadas para iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes y enviar las resoluciones pertinentes a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) de la CGR, en un plazo de cinco días hábiles.
Asimismo, la información será remitida a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para que se tomen las acciones que correspondan.
Con Información de www.lanacion.cl
