Un total de 3.532 servidores públicos han presentado licencias médicas que fueron emitidas por alguno de los 44 médicos que están siendo investigados por el Ministerio Público por la presunta entrega y/o venta fraudulenta de estas certificaciones.
Esto se revela en un nuevo informe de la Contraloría General de la República (CGR), que expone los hallazgos de un análisis basado en un listado proporcionado por la Fiscalía Nacional, que incluía 10.111 licencias médicas emitidas entre 2020 y 2022 por los citados profesionales de la salud.
Al comparar esta información con el Sistema de Información y Control de Personal de la Administración del Estado (Siaper) y otras bases de datos, la CGR descubrió que de las 6.632 personas que recibieron estos documentos -según el listado del ente persecutor-, los 3.532 funcionarios mencionados estaban activos hasta junio de 2025. Adicionalmente, se constató que un 79% de las licencias estaba relacionado con diagnósticos de salud mental, sumando un total de 192.781 días de reposo autorizados.
En relación con los 44 médicos investigados, todos de nacionalidad extranjera, se identificó que 10 de ellos ejercieron como funcionarios públicos entre 2019 y 2024, y de estos, 5 no contaban con su Examen Único Nacional de Competencias Médicas (Eunacom), un requisito necesario para trabajar en el sistema público de salud.
El informe indica que estas licencias médicas fueron emitidas a trabajadores en todo el país, incluyendo servicios como municipalidades, Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad; SLEP; Gendarmería, y otras entidades, tanto públicas como privadas.
Además, el análisis reveló que 5.284 trabajadores que tuvieron licencias entre 2020 y 2022 volvieron a utilizarlas durante 2023 a 2025. De estas, 1.208 fueron otorgadas por seis de los mismos médicos que están bajo investigación por el Ministerio Público.
Ante las irregularidades detalladas, la Contraloría General de la República notificará a los organismos públicos actualmente con funcionarios en activo, para iniciar los sumarios correspondientes, ya que, dada la existencia de una investigación penal en curso, la responsabilidad administrativa no ha prescrito.
Asimismo, los servicios públicos que han contratado a médicos extranjeros deben justificar por qué estos profesionales carecían de su Eunacom.
Con Información de www.lanacion.cl
