La Generala María Teresa Araya Jiménez, actual jefa de zona de Carabineros, se encuentra en medio de una nueva controversia tras las declaraciones contradictorias de su institución sobre la detención de su hijo, ocurrida el 3 de septiembre de 2025. Este incidente fue inicialmente confirmado por el Departamento de Comunicaciones de Carabineros, pero luego desmentido oficialmente por el Departamento de Información Pública y Lobby. Ante esta discrepancia, la periodista de investigación Claudia Molina B. se dirigió al Consejo para la Transparencia para exigir que se esclarezca la situación.
Por el Equipo FACTOS
Esta contradicción sin precedentes pone en entredicho la transparencia de Carabineros de Chile. El Departamento de Comunicaciones confirmó oficialmente a FACTOS, en el reportaje publicado por Claudia Molina B. el 11 de septiembre de 2025, que la 47ª Comisaría de Los Domínicos llevó a cabo un procedimiento en el que estuvo involucrado el hijo de la Generala Araya, por una infraction a la Ley 20.000, que penaliza el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Según el comunicado institucional, “todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público”.
Lea el reportaje de FACTOS en el siguiente enlace: https://goo.su/37JG5UU
No obstante, solo cuatro semanas después, la misma institución —por medio del Departamento de Información Pública y Lobby, dirigido por el Coronel Iván C. Bustamante Cerda— emitió un comunicado negando la detención, en respuesta a una solicitud de ampliación de información en la plataforma de “Transparencia Activa”.
En la respuesta RSIP N° 82987, fechada el 8 de octubre de 2025, Carabineros afirma que “no existe registro alguno de detención de la persona consultada”.
Dos versiones, un mismo uniforme
Ambos documentos portan el emblema de Carabineros, pero relatan historias totalmente contradictorias. Por un lado, la oficina encargada de las comunicaciones confirma el procedimiento, la actuación de la 47ª Comisaría y la derivación del caso al Ministerio Público. Por otro, el departamento de transparencia y lobby opta por la negación.
¿Error administrativo? ¿Ocultamiento intencionado? ¿Presión interna?
Hasta el momento, Carabineros no ha proporcionado una explicación.
La clave: ¿un error en el nombre o una justificación institucional?
La solicitud de información presentada identificaba al detenido como F.J.S.A.. Sin embargo, fuentes confiables citadas por FACTOS, que permanecen en el anonimato por razones de seguridad, sugieren que “podría tratarse de otro hijo de la generala Araya”.
Si esto se confirma, la negativa institucional podría ser un subterfugio administrativo para evitar la entrega de información, alegando un detalle formal (el nombre del consultado), a pesar de que el procedimiento efectivamente ocurrió y fue reconocido por la Oficina de Comunicaciones de Carabineros. De no ser así, es incomprensible la respuesta del Coronel Bustamante, pues, si no existía ningún hecho relacionado con el joven de iniciales F.J.S.A., debió aclarar la situación, pero decidió afirmar que lo denunciado nunca sucedió.
En lugar de aclarar la situación o reorientar correctamente la solicitud —como estipula la Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública en su artículo 12—, el Departamento de Información Pública eligió negar todo registro, incumpliendo los principios de veracidad y máxima divulgación que deberían regir la función pública.
FACTOS contactó al departamento de prensa institucional para obtener claridad sobre la situación, y comunicaron que: “El Coronel Bustamante, en estricta forma, respondió correctamente, dado que la identidad del joven es diferente”.
– Entonces, ¿cómo explican que, con los mismos datos entregados para consulta, las respuestas son diferentes?
Eso lo entendemos.
– ¿Estamos de acuerdo en que los apellidos coinciden y que el hecho sucedió?
Sí, pero es todo lo que podemos compartir.
Transparencia en entredicho
Este caso revela una falla estructural —o un posible intento deliberado— dentro del sistema de transparencia de Carabineros. Mientras un departamento reconoce la situación, otro la desmiente oficialmente, lo que podría constituir una alteración o encubrimiento de información pública, en clara contradicción con la Ley de Transparencia.
Para este medio, la contradicción no solo vulnera el derecho a acceder a información pública, sino que minimiza la credibilidad de la prensa y la confianza de los ciudadanos en una de las instituciones más significativas del país.
FACTOS acude al Consejo para la Transparencia
El amparo busca que el órgano competente investigue las contradicciones en las dos respuestas institucionales y determine si hubo ocultamiento, alteración o manipulación de registros oficiales.
Si se comprueba, este caso podría sentar un precedente grave en materia de transparencia pública, evidenciando cómo la jerarquía y las dinámicas internas pueden influir en el acceso a la verdad en casos que involucran a familiares de altos oficiales.
Una verdad que no puede ser borrada
Los documentos oficiales —ambos firmados y con fechas distintas— permanecen como prueba de un hecho insólito: una institución que se contradice a sí misma para negar lo que antes había confirmado.
Equipo FACTOS – Periodismo de investigación independiente
“Los hechos no se borran, aunque intenten ocultarlos.”
Con Información de factos.cl
