En Chile, un contraalmirante y dos marinos han sido condenados por el violento secuestro de un profesor universitario, ocurrido en Valparaíso durante la dictadura de Augusto Pinochet.
El ministro Max Cancino, encargado de las causas de violaciones de derechos humanos en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, emitió una sentencia de primera instancia en el caso del secuestro, detención ilegal y tortura perpetrados contra F.F.F.U., un historiador y profesor adjunto en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile en Valparaíso y miembro del Partido Comunista, acontecidos desde el 11 de diciembre de 1973 en la Quinta Región.
El fallo del juez condenó a Erwin Conn Tesche (contraalmirante), Juan de Dios Reyes Basaur (suboficial mayor) y Héctor Santibáñez Obreque (capitán de fragata infante), todos exfuncionarios de la Armada de Chile, a 5 años y un día de prisión en su grado medio como coautores del delito de secuestro con grave daño a la víctima.
Sin embargo, los tres exmilitares fueron absueltos de los cargos de tortura en relación a la víctima y Reyes Basaur fue exonerado del cargo de detención ilegal.
Terror y muerte en Playa Ancha
A través de su investigación, el ministro Max Cancino determinó los siguientes hechos:
“Se comprobó la existencia de una organización de inteligencia militar, ordenada y disciplinada, llamada Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (SICAJSI), que operó activamente desde el 11 de septiembre de 1973. La conformaban agentes de diversas ramas de defensa nacional, incluyendo a miembros de la Armada de Chile, cuyo objetivo principal era reprimir a los opositores al régimen militar mediante su búsqueda y detención, privándolos de libertad para obtener información a través de torturas físicas y psicológicas. Una vez localizadas y detenidas las personas, las patrullas armadas las llevaban a la Academia de Guerra Naval o al Cuartel Silva Palma, ubicados en Playa Ancha, Valparaíso, donde eran recluidas e interrogadas.
Asimismo, se estableció que la noche del 11 de diciembre de 1973, F.F.F.U., un ciudadano chileno con padres españoles, que trabajaba como profesor en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, fue secuestrado en su hogar en Viña del Mar, ante su madre y hermana, por militares del Regimiento Coraceros. Fue llevado a la mencionada instalación militar. El 13 de diciembre de 1973, su familia recibió la noticia de que había sido trasladado a la Academia de Guerra Naval en Cerro Playa Ancha de Valparaíso, donde se le negó el acceso, lo que llevó a sus familiares a buscarlo por diversos lugares de la ciudad sin éxito. Posteriormente, un médico amigo identificó su cadáver en el Hospital Naval de Playa Ancha.
Además, se determinó que, durante su cautiverio en la Academia de Guerra Naval de Valparaíso, F.F.F.U. fue sometido a múltiples interrogatorios en una sala adecuada para ello, en el cuarto piso del edificio, por personal de Infantería de Marina designado como interrogador. Las torturas infligidas durante los interrogatorios fueron tan severas que la víctima y otros detenidos salían en condiciones físicas y psicológicas muy deterioradas, algunos incluso debían ser sacados en mantas por no poder caminar. En un momento, tras un interrogatorio, F.F.F.U. fue llevado al baño del mismo piso para asearse y recuperar fuerzas, y desde allí se lanzó por una ventana sin protección, cayendo en la zona donde estaban estacionados los vehículos, lo que provocó su muerte tras ser atropellado el 15 de diciembre de 1973.
Además, se confirmó que la víctima no fue presentada a la autoridad competente durante su detención, y su caso se comunicó a la justicia naval únicamente para investigar las circunstancias tras su fallecimiento.
50 años en busca de justicia y una condena «insuficiente» por el brutal secuestro
La abogada querellante Carolina Vega, del Estudio Caucoto Abogados, opinó que la sentencia constituye un “hito significativo para los familiares, ya que han transcurrido 50 años para que se emitiera este fallo”.
Afirmó que la familia de F.F.F.U. ha estado a la espera de justicia y reparación durante décadas y que, aunque ahora ven un avance, “la condena a los culpables es baja, por lo que consideraremos todos los elementos para una posible apelación”.
Resaltó que la participación de miembros de la Armada chilena en delitos de lesa humanidad ocurrió mayormente inmediatamente después del golpe militar, involucrándose principalmente en casos de tortura y prisión política en ciudades costeras. Un número considerable de su personal fue asignado a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), al Comando Conjunto y a la Central Nacional de Informaciones (CNI) para llevar a cabo actividades represivas.
Con Información de www.elciudadano.com