La Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) de Chile, a través de su Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, se posiciona como un destacado inversionista en el sector inmobiliario del país. Administra y licita miles de millones de pesos en arriendos, construcción y mantenimiento de la infraestructura judicial, desde juzgados rurales hasta los importantes centros de justicia, incluyendo el mobiliario correspondiente.
En términos oficiales, todo parece estar en orden y en conformidad con la legalidad: presupuestos asignados, licitaciones efectuadas, edificios erigidos, obras recepcionadas y oficinas operativas. Sin embargo, al examinar más de cerca, muchas construcciones revelan deficiencias y las cifras oficiales parecen desvirtuadas, surgiendo indicios de un posible desvío de recursos públicos hacia un pozo sin fondo. Este entramado nebuloso podría estar infiltrado por actos de corrupción y lavado de dinero. Por ello, resulta esencial ver para creer; no basta con confiar en los resúmenes de inversión, sino que es necesario romper el hielo y obtener las cifras reales a través de datos desagregados y auditados, que curiosamente parecen estar ocultos.
Cifras oficiales
De acuerdo con la Dirección de Presupuestos (DIPRES), el Poder Judicial recibió en 2023 $413.562 millones, y un monto previsto de $589.843 millones para 2024. De esa cantidad, la CAPJ asigna una porción no especificada para infraestructura y mantenimiento. Algunos ejemplos concretos indican lo siguiente: el Centro de Justicia de Chillán tuvo un costo de $25.230 millones (inaugurado en 2023), el de La Serena $18.000 millones (certificado LEED Platino en 2021), y el de Tomé alrededor de $3.500 millones, según las memorias oficiales. Si extrapolamos estos valores a los aproximadamente 300 tribunales del país, el gasto anual en infraestructura podría ascender a los $100.000 millones reportados oficialmente, suponiendo un promedio de $333 millones por tribunal destinado a mantenimiento y nuevas construcciones anualmente.
No obstante, estas cifras pueden ser un espejismo. El Consejo Superior de la CAPJ advirtió en 2023 que el presupuesto de 2024 es insuficiente para nuevos proyectos, lo que sugiere que los $589.843 millones no cubren ni las necesidades básicas. Si los fondos no son suficientes, ¿a dónde va el financiamiento adicional o el déficit? La ausencia de un desglose público sobre cuánto se gasta realmente en cada centro de justicia —desde el Juzgado de Letras de Chaitén hasta el colosal edificio de Santiago— es el primer indicio de que las cifras oficiales carecen de un nivel adecuado de veracidad y transparencia.
Cifras reales
Para descubrir cifras reales, es necesario recurrir a estimaciones, en su mayoría basadas en escándalos, filtraciones y análisis críticos, más que en la transparencia del Poder Judicial. Entre 2000 y 2019, tras las reformas en el ámbito penal y de familia, la CAPJ manejó una «bolsa de inversiones» estimada en $300.000 millones para infraestructura, según el diario El Mostrador. Solo entre 2010 y 2015, la constructora COSAL, que dominó el 83% de las licitaciones en 2011, habría registrado alrededor de $150.000 millones, basándose en contratos reportados y su capacidad para captar licitaciones con la CAPJ en ese período. El Centro de Justicia de Iquique, que inicialmente costó $20.000 millones, vio cómo su precio final se disparó a posiblemente $40.000 millones debido a reparaciones y litigios, sin cuentas claras rendidas.
En total, el gasto real en infraestructura judicial en la última década podría superar los $600.000 millones anuales, triplicando las asignaciones oficiales visibles, al considerar sobrecostos, proyectos paralizados y contratos opacos.
El abismo de la corrupción y el lavado
La hipótesis de que el Departamento de Infraestructura y Mantenimiento pudiera haber sido infiltrado por terceros como un núcleo de corrupción y lavado de dinero es plausible, tanto por la fragilidad de los sistemas de control en el Poder Judicial como por el análisis de los flujos financieros. COSAL, por ejemplo, recibió $150.000 millones en un periodo de cinco años, pero sus obras —como el centro de Iquique— resultaron en desastres estructurales. ¿Se han pagado trabajos no realizados o inflados, ha trabajado la constructora bajo expectativas técnicas mínimas aprovechando la ausencia de supervisión, y se han auditado las denuncias de fallas o desperfectos en las obras realizadas? Poco o nada se sabe sobre esto.
Además, el modelo de “arrendamiento con opción a compra” permitió a la CAPJ desembolsar cientos de millones en infraestructura antes de adquirir edificios defectuosos y con problemas evidentes, un esquema perfecto para transferir recursos a privados sin rendición de cuentas. El Contralor Ramiro Mendoza dejó claro en 2011 que la fiscalización de la CAPJ no es competencia de la Contraloría General de la República, dejando dicha supervisión exclusivamente en manos de la Corte Suprema, cuya capacidad de auditar estos gastos es muy limitada. Y tampoco parece preocuparles mejorar la situación.
Un reciente escándalo judicial, en el que se involucraron 65 camiones “legalizados” por el 28º Juzgado Civil de Santiago, presumiblemente con vínculos al crimen organizado según TV13, puso de manifiesto que si la forma en que la CAPJ gestiona los tribunales y la asignación de causas facilita el blanqueo de bienes ilícitos, ¿qué impide que sus propios contratos sean una vía para lavar dinero proveniente de fondos públicos? Especialmente si fallan los controles jerárquicos.
Un cálculo especulativo pero plausible sugiere que si el 20% de los $600.000 millones anuales estimados de gastos se desviaran mediante licitaciones manipuladas o pagos ficticios, estaríamos hablando de $120.000 millones anuales destinados a financiar redes criminales o enriquecer bolsillos privados, todo bajo la vista del Estado.
La desigualdad silenciosa
Mientras el Centro de Justicia de Santiago, con un costo estimado de $80.000 millones en su construcción inicial (sin considerar ampliaciones ni mobiliario), destaca como un símbolo, tribunales rurales como el de Cochamó operan con menos de $50 millones anuales, según estimaciones locales que se basan en el mantenimiento básico. Esta disparidad no es accidental. El dinero tiende a concentrarse en proyectos de gran envergadura y visibilidad, los cuales son accesibles solamente para contratistas privilegiados. Esto deja a la justicia en provincias o localidades menores en una situación de penuria.
Ruptura del hielo que frena la transparencia
Las cifras oficiales —$589.843 millones en 2024— son casi un engaño por omisión. Las cifras reales y plausibles, derivadas de los desbarajustes de escándalos y contratos opacos, podrían superar los $600.000 millones anuales. Esto, en un periodo de 10 años, representaría cientos de miles de millones extraviados en un sistema sin control. El Departamento de Infraestructura y Mantenimiento no solo fracasa en garantizar la justicia: también podría funcionar como una lavandería de fondos públicos, donde los recursos del Estado se reciclan en beneficio de unos pocos. Sin una auditoría externa y sin acceso a los libros contables reales de la CAPJ, ¿seguirá la ciudadanía atrapada en la incómoda situación de tener que aceptar lo que afirma la autoridad? ¿Y el resto del Estado esperando que alguien de la CAPJ filtre información relevante?
Las preguntas son apremiantes: ¿si existe una diferencia, quién se queda con ella y cómo se cubre el déficit? El hielo está quebrado. Ahora es vital llevar a cabo una auditoría externa seria e imparcial que aporte certidumbre a la ciudadanía y favorezca la probidad pública.
Con Información de desenfoque.cl