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Ángel Valencia, fiscal nacional, explicó en Radio Cooperativa los detalles sobre la fuga del sicario que laboraba para el “Rey de Meiggs” y las complicaciones para perseguir a ciudadanos venezolanos que ingresan a Chile por pasos no habilitados utilizando identidades falsas para cometer delitos.
Valencia recordó que antes de 2023 no había un proceso obligatorio y controlado de verificación de identidad de los imputados: “no existía una práctica estándar y controlada para verificar la identidad de los imputados (…) si esto se hubiera implementado en 2022, cuando este individuo fue arrestado, habríamos podido identificar más fácilmente que había proporcionado un nombre falso”.
Respecto a los oficios de la jueza Irene Rodríguez, que llevaron a la liberación de Alberto Carlos Mejía Hernández, Valencia señaló que “sería favorable” que la coordinación entre instituciones “fuera más eficiente”, aunque admitió que esto no habría cambiado el resultado de la situación.
Valencia aclaró que “hubo una sola resolución, pero tres comunicaciones”, exigiendo mayor “prolijidad” en los procedimientos, aunque advirtió que “esto podría ser mucho más grave; al referirse a desprolijidad, creo que la situación es más seria”.
El fiscal recalcó: “Por eso iniciamos una causa penal de inmediato, el mismo día”, ya que “estamos hablando de la orden de liberar a un individuo, con la comunicación de que debe ser dejado en libertad sin una resolución previa. Es una situación anómala”.
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Con Información de www.lanacion.cl
