“No hay ningún viento favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige”, decía Séneca, filósofo, político y escritor romano. Esto mismo se aplica al proyecto de ley de un grupo de senadores que busca penalizar tanto a quienes filtren información como a aquellos que la difundan. Esta propuesta ya ha sido apodada “Ley Mordaza 2.0”.
A pocas semanas de su discusión legislativa, en la que han participado representantes de medios de comunicación, el proyecto ha suscitado dudas y críticas, ya que se basa en un enfoque punitivo hacia el “mensajero” en el periodismo, cuando realmente el foco de la justicia debería recaer en “los habilitados” que resguardan la información de los procesos judiciales.
Por ello, la Federación de Medios, que incluye a la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Asociación de Radio Difusores de Chile (ARCHI) y la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL), ha expresado su preocupación por esta iniciativa, argumentando que pone en grave riesgo la libertad de prensa y el derecho del ciudadano a estar informado. El Colegio de Periodistas también ha calificado esta propuesta como antidemocrática.
A pesar de confiar en la buena fe de los senadores Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperguer (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PS), resulta curioso el razonamiento utilizado para justificar el “proyecto Boletín 17.484- 07”. Se sostiene que, por un lado, se encuentran el derecho a la intimidad y privacidad de los involucrados, y por otro, la libertad de información, la transparencia y la publicidad del proceso penal. Si bien es comprensible la preocupación, este argumento pone en riesgo principios democráticos fundamentales, que se basan en el ejercicio libre e independiente del periodismo, contribuyendo a una visión engañosa de la esencia del tema.
La historia de Chile ha revelado casos de corrupción y abusos de poder gracias al periodismo, cumpliendo con su deber ético de informar verazmente. El fallecido periodista estadounidense Ken Dermota, del Centro de Periodistas de Washington, recordaba que la clave para evitar la opacidad informativa radica en sacar a la luz situaciones ocultas que, sin fundamento, se pueden convertir en un cáncer social. Hoy, ante la amenaza del narcotráfico que ya afecta a instituciones chilenas, es esencial adoptar una postura firme, tal como lo demostró con su vida el director del diario colombiano El Espectador, Guillermo Cano, quien fue asesinado por sicarios de Pablo Escobar.
Por esta razón, los avances en materia de transparencia en el país, como la reforma procesal penal implementada desde el año 2000, deben ser protegidos, especialmente en asuntos de interés público. El ejercicio libre del periodismo es, entonces, la mejor aliada de las distintas instituciones para asegurar una sociedad sana y sin opacidad.
Perder el rumbo en la búsqueda de mayor transparencia, como base del fortalecimiento de la democracia, es un camino peligroso e insano. Confiando en la buena fe de nuestros legisladores, esperamos que encuentren el rumbo correcto y logren un resultado favorable para el bienestar de Chile.
Con Información de www.elperiodista.cl
