En un conversatorio en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, se conmemoraron los 50 años del Plan Cóndor, una estrategia de coordinación entre las dictaduras militares del cono sur de Sudamérica, diseñada para detener, torturar, hacer desaparecer y asesinar a opositores.
En el panel, cuatro mujeres compartieron sus perspectivas y relatos sobre este plan, que afectó a los regímenes militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay en la década de los 70.
Francesca Lessa, coordinadora de Plancóndor.org; Claudia Cárdenas, profesora de derecho penal en la Universidad de Chile; Karinna Fernández, defensora de víctimas del Plan Cóndor; y Odette Magnet, periodista y hermana de una persona desaparecida, fueron las expositoras.
Magnet, en su intervención, recordó que «hace unas semanas hemos sido testigos de la conmemoración de los 50 años del Plan Cóndor, una red de coordinación represiva que permitió a las dictaduras latinoamericanas llevar a cabo operaciones clandestinas para secuestrar, torturar, hacer desaparecer y asesinar a exiliados considerados “terroristas” o “subversivos”.
Hoy, como en el pasado, honramos las vidas y los nombres de las víctimas de este siniestro plan. Con el paso del tiempo, se han podido formular certezas que, aunque parezcan evidentes, siguen siendo válidas.
Hablo como hermana de María Cecilia, (27 años, socióloga) y cuñada de Guillermo Tamburini (32, médico argentino). Ambos fueron secuestrados de su departamento en Buenos Aires la madrugada del 16 de julio de 1976, víctimas del Plan Cóndor. Escaparon de la dictadura chilena a finales del 73. Sus cuerpos aún no han sido encontrados; desconocemos cómo ni dónde fueron eliminados. Es imposible armar el rompecabezas porque los perpetradores de este crimen -dos de ellos han sido enjuiciados y condenados- guardan un cobarde silencio.
Es evidente que Argentina se ha convertido en un referente mundial en justicia: es uno de los pocos países que logró llevar a los represores ante tribunales civiles, juzgando y condenando a los líderes militares responsables. La sociedad ha apoyado con fervor la defensa de los derechos humanos y ha mostrado solidaridad hacia las víctimas del Plan Cóndor. Esto no fue fácil, pero se priorizó la cohesión social y el compromiso por la verdad, la memoria y la justicia. Es una lección que los chilenos, temerosos del conflicto, deberíamos aprender.
En nuestro país también se han dado pasos. Por ejemplo, el 14 de diciembre de 2023, la Corte Suprema de Chile confirmó, por unanimidad, las condenas a 22 agentes de la ex DINA por los secuestros y homicidios calificados de varias víctimas de la Operación Cóndor, y ordenó medidas de reparación. También es importante mencionar la implementación, hace dos años, del Plan Nacional de Búsqueda, una clara señal del compromiso del Presidente Boric y su gobierno con nuestra lucha.
Sin embargo, debemos ser realistas: nuestra búsqueda ha sido bastante solitaria, con poco apoyo de nuestros compatriotas. En general, la sociedad chilena no ha estado a nuestro lado en este dolor, ni en nuestra causa. Ha faltado solidaridad. Además, en el ámbito político deseábamos un respaldo más sólido de los sucesivos gobiernos democráticos.
Eduardo Galeano decía que “el derecho de recordar no está consagrado entre los derechos humanos de la ONU, pero es más necesario que nunca reivindicarlo: no para repetir el pasado, sino para evitar su repetición; no para que los vivos sean ventrílocuos de los muertos, sino para hablar con voces libres de la desgracia.”
Rescato esta reflexión porque considero que es muy pertinente en estos tiempos turbulentos, donde las democracias enfrentan desafíos y la amenaza fascista no garantiza la defensa de los derechos humanos. A la luz de los recientes resultados electorales, nuestro país no es la excepción.
No puedo evitar pensar en aquellos que abogan por la reconciliación y la necesidad de dar la vuelta a la página, mientras celebran con un brindis, como si las palabras flotaran en el aire en una desesperante actuación circense que se cierra en un festín. Sospecho que esta escena se repetirá a menudo en los próximos años.
No es casualidad que durante mucho tiempo no se conociera la existencia del Plan Cóndor. En Chile, este plan fue invisibilizado por la dictadura, con la colaboración de los medios de comunicación, controlados por grandes grupos económicos. Y sabemos que lo que no se comunica, no sucede. En un clima de desconfianza y miedo, compartir información era complicado. También, compartir nuestro dolor. Muchas familias de desaparecidos vivían en el extranjero, y no había coordinación entre nosotros, muchos no nos conocíamos.
Chile se había convertido en un país de ghettos.
Es indiscutible que hubo un segmento importante de la población que justificó el terror y la represión, y aprobó el exterminio. La derecha, respaldada por las autoridades de la dictadura, cayó en un negacionismo dañino, motivado por el deseo de olvidar lo sucedido. El tema de los detenidos desaparecidos se redujo desde el inicio a un drama familiar, no nacional. La idea de “si no me pasó a mí, no me incumbe” se extendió, y hasta hoy, las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura siguen siendo un tema incómodo que no ha estado entre las prioridades reales de los gobiernos.
En el libro “La Operación Cóndor, memoria y derecho” de Juan Mario Solís, se menciona que “la impunidad y el poder inapelable se grabaron, buscando garantizar la obediencia o indiferencia. La tortura, el asesinato, la exhibición de cuerpos mutilados y la desaparición fueron formas de marcar.”
Por otro lado, las familias de las víctimas, apoyadas por organizaciones de derechos humanos, no cesaron en su lucha, se negaron a claudicar en su búsqueda por sus seres queridos. Muchos las consideraban insistentes en su reclamo. Recordemos la famosa frase del entonces presidente de la Corte Suprema chilena, Israel Bórquez, que expresó su fastidio por que “los detenidos desaparecidos me tienen curco.»
Esto fue un buen indicio. Con determinación, decenas de mujeres se congregaban en las manifestaciones de los tribunales de justicia y, ante la presencia amenazadora de los gendarmes, rodeaban a esa mujer altiva que representaba la justicia. La acorralaron con demandas y ruegos. Si hubieran podido, habrían encendido velas y prometido favores. Contra todas las adversidades, necesitaban confiar en que algún día tendrían respuestas a la pregunta incesante que las acompañaba: “¿Dónde están?”
La comunidad exige justicia. Ignorar el pasado en un sistema de amnesia colectiva implica rehusarse a aprender de los errores cometidos. La historia enseña que los pueblos que no logran reconciliarse con su pasado se ven obstaculizados para imaginar su presente y futuro.
Con Información de desenfoque.cl
