Periodista y editora internacional.
El politólogo Gabriel Gaspar examina la vulnerabilidad del sistema político peruano, destacando la crisis de seguridad que generan bandas de extorsión y sicariato como un catalizador para la vacancia. Advierte que la inestabilidad es persistente y que la solución requiere restaurar el control territorial del Estado.
De manera unánime y rápida, el Congreso de Perú decidió la vacancia de la presidenta Dina Boluarte en la madrugada de este viernes, marcando un nuevo capítulo de inestabilidad política en el país. Provisionalmente, el presidente del Legislativo, José Jerí (38 años), asumirá el mando hasta las elecciones programadas en seis meses.
Gabriel Gaspar, politólogo y experto en relaciones vecinales, así como ex subsecretario de Defensa de Chile, explicó en una entrevista que la destitución de Boluarte es un indicativo de un sistema político que permite al Congreso vacar a los presidentes, dejando a estos últimos «prisioneros» del poder legislativo.
La crisis de seguridad: el acelerador
Gaspar subrayó la crítica situación de inseguridad como el detonante inmediato de la caída de Boluarte. “El acelerador ha sido el aumento de la extorsión que estas bandas ejercen sobre la población”, afirmó. Se refirió al caso de los microbuseros, a quienes se les obliga a pagar «cupos» bajo amenaza de muerte, un fenómeno también presente en Chile.
El momento clave, según el analista, fue el tiroteo a una banda de cumbia durante su actuación tras negarse a pagar la extorsión. Este evento, en combinación con las masivas movilizaciones de jóvenes y un paro de transportistas, evidenció la «incapacidad del gobierno de la ex presidenta para responder», lo que precipitó su destitución en cuestión de horas.
Un problema estructural de larga data
Para Gaspar, la crisis en Perú no es nueva. Señaló que el poder ha sido socavado desde 1990, con liderazgos afectados por la corrupción. “Nueve presidentes han tenido que abandonar su cargo por diferentes razones, lo que indica que el deterioro ha sido prolongado”, explicó. Aunque reconoció ciertos gobiernos interinos post-Fujimori y de Francisco Sagasti, destacó que “la ilegitimidad y desconfianza de la población hacia las instituciones es muy alta”.
“El Estado no solo está ausente, sino que, cuando está presente, la policía y los organismos de Justicia generan desconfianza entre los ciudadanos”, analizó.
Lecciones para Chile y la región
El experto también hizo autocrítica respecto a la situación en Chile. “No hemos abordado adecuadamente este tema”, sostuvo, refiriéndose al combate contra el crimen organizado. Criticó la tendencia a subestimar el problema o a confundirlo, como cuando se le relaciona erróneamente con ataques a la “infraestructura crítica” o se vincula la protesta social con remanentes de Sendero Luminoso.
“Las bandas buscan controlar el territorio para extorsionar a la población. Es fundamental recuperar el control del territorio para reinstaurar el Estado de Derecho”, enfatizó Gaspar, subrayando que este reto supera las políticas partidarias y electorales.
La inquietud que persiste, según el analista, es si este cambio rápido será suficiente para restaurar la estabilidad en un país que se aproxima a elecciones en abril de 2026, con más de 40 partidos y un alto grado de fragmentación. Una situación que, sin duda, será observada con gran interés en toda la región.
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