La ministra en visita extraordinaria para causas relacionadas con Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, emitió una sentencia de primera instancia condenando a tres ex miembros del Ejército, entre ellos dos generales, por su responsabilidad en la destrucción de archivos de organismos de inteligencia y contrainteligencia de la institución, ocurrido entre 2000 y 2001 en la Escuela de Inteligencia del Ejército de Chile, situada en la localidad de Nos, comuna de San Bernardo.
La magistrada sentenció al ex general de brigada Eduardo Jara Hallad y a la teniente coronel Mercedes del Carmen Rojas Kuschevich a tres años y un día de reclusión menor en su grado máximo, como autores del delito de infidelidad en la custodia de documentos que causaron un grave daño a la causa pública. Por su parte, el ex general de división Carlos Chacón Guerrero fue condenado a 200 días de reclusión como encubridor del mismo delito.
Además, todos los condenados deberán pagar 21 UTM mensuales y se les otorgó el beneficio de modificar su cumplimiento por libertad vigilada.
Según la investigación, se demostró que se destruyeron, mediante incineración, archivos microfilmados de la Central Nacional de Informaciones (CNI) que abarcan el periodo de 1980 a 1982 y que estaban bajo la custodia de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), siendo quemados a inicios de 2000. Esta acción se realizó en el contexto de la «Mesa del Diálogo», un foro que reunió a diversos sectores de la sociedad nacional, incluidos representantes civiles, militares y religiosos, con el objetivo de esclarecer la verdad sobre las víctimas de crímenes o delitos de lesa humanidad perpetrados por agentes estatales durante la dictadura, enfocándose en el destino de los detenidos desaparecidos.
Los documentos que fueron eliminados contenían información crucial sobre las operaciones de la CNI, organismo encargado de perseguir, detener, secuestrar, torturar, desaparecer y asesinar a adversarios de la dictadura, lo que podría haber sido relevante para los procesos judiciales de la época, así como para las operaciones dirigidas contra el ex presidente Eduardo Frei Montalva.
A pesar de que el Ejército negó durante mucho tiempo la existencia de este material, la institución realizó un sumario en 2015 que reveló avances iniciales y estableció que no se cumplió con la normativa vigente para el manejo de dicha documentación, aunque no se llevaron a cabo nuevos sumarios debido a que los responsables se encontraban ya retirados.
En 2017, la organización Londres 38, encabezada por su presidenta Erika Hennings, presentó una querella criminal contra quienes resultaran responsables por la sustracción y supresión de documentos, así como por encubrimiento de homicidios y secuestros calificados.
Es importante destacar que en esta causa actúan como querellantes Londres 38, representados por la abogada Magdalena Garcés; la Democracia Cristiana (DC), a través del abogado Luciano Fouilloux; y Carmen Frei junto a su hijo Eugenio Ortega, quienes son representados por los abogados Francisco Ugás y Nelson Caucoto.
Estos últimos abogados valoraron el fallo que afirma la existencia del delito de infidelidad en la custodia de documentos y señala a los responsables, aunque cuestionaron las penas impuestas, que consideran bajas. Nelson Caucoto expresó: «Lamentablemente, este tipo penal tiene penas reducidas, lo que se ve reflejado en el beneficio de la libertad vigilada que se otorgó. Además, queda en evidencia cómo el Ejército de Chile, en pleno periodo democrático, continúa actuando para garantizar la impunidad de sus agentes involucrados en crímenes de lesa humanidad, siguiendo órdenes del comandante en jefe de la institución, Ricardo Izurieta Caffarena, para incinerar documentos y así obstruir la verdad sobre las violaciones a los Derechos Humanos».
Caucoto también subrayó la importancia de que el fallo reconozca que se destruyeron las carpetas que documentaban las operaciones de inteligencia contra el ex presidente Eduardo Frei Montalva, cuestionando las razones detrás de la eliminación de dicha evidencia, sugiriendo que la intención detrás de la incineración fue ocultar otros crímenes relacionados con la dictadura.
Los Hechos
La ministra Plaza González logró establecer los siguientes hechos en su investigación:
«Desde agosto de 1977 hasta 1990, la Central Nacional de Informaciones (CNI), bajo el Decreto Ley N° 1978, funcionó como organismo de inteligencia, tras la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) que operaba desde el inicio de la dictadura militar. Tras el retorno a la democracia y la disolución de la CNI, los archivos de este organismo quedaron bajo la custodia del Ejército de Chile, en dependencias de la DINE.
Tras varias solicitudes de Ministros en Visita Extraordinaria al Estado Mayor General del Ejército para obtener antecedentes relacionados con violaciones a los Derechos Humanos, y ante la falta de respuestas, a fines de 2015 y principios de 2016 se ordenó la apertura de una investigación sumaria administrativa con el fin de determinar: a) el tratamiento regular dado a la documentación según la reglamentación vigente sobre custodia, archivo y destrucción, así como los procedimientos de incineración de documentos de Inteligencia y Contrainteligencia de la DINE entre 1980 y 1982; b) el destino de cada uno de estos documentos; c) las circunstancias de su pérdida; y d) las responsabilidades que pudieran derivar de estos hechos.
El 3 de junio de 2016, la investigación sumaria concluyó que: «Se puede confirmar y certificar con certeza la inexistencia de información de inteligencia y contrainteligencia archivada entre 1980 y 1982, y que las autoridades de la DINE de esa época no cumplieron con la normativa vigente respecto al tratamiento de la documentación. Además, no se establecieron medidas disciplinarias o administrativas ya que los responsables se encontraban en situación de retiro, y la prescripción extinguió cualquier responsabilidad administrativa.»
Entre 2000 y 2001, en una fecha indeterminada, la entonces teniente coronel Mercedes del Carmen Rojas Kuschevich, segunda al mando de la Sección Archivo del Departamento II de Contrainteligencia de la DINE, a instancia de su superior, el general de brigada Eduardo Jara Hallad, revisó aleatoriamente los antecedentes microfilmados de la CNI bajo su custodia. Siguiendo órdenes, dispuso que el suboficial mayor Luis Zúñiga Celis y el cabo primero Osvaldo Ramírez Lazcano trasladaran esos archivos a la Escuela de Inteligencia del Ejército en Nos, donde fueron incinerados sin levantar las actas requeridas por la normativa vigente. Este procedimiento irregular fue debidamente informado al entonces jefe del Estado Mayor General del Ejército, Carlos Patricio Chacón Guerrero.
Con Información de desenfoque.cl