En una decisión significativa para el sistema judicial, el Juzgado de Garantía de Coyhaique ha dictado la medida cautelar de arraigo nacional contra Carlos Palma, el fiscal regional suspendido de Aysén, quien enfrenta cargos por presunta revelación de secretos. Esta decisión se adoptó luego de una audiencia en la que el juez Carlos Astudillo aceptó la solicitud del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado, considerándola proporcional y pertinente en el marco del proceso legal.
Palma está acusado de haber filtrado información confidencial relacionada con una investigación de tráfico de drogas en octubre de 2022. Se sostiene que compartió detalles sensibles de la investigación, que incluían más de 19 kilos de cocaína incautados, con el abogado Luis Hermosilla a través de WhatsApp, a pesar de no tener participación directa en la audiencia correspondiente.
La defensa, encabezada por el abogado Cristián Cajas, defiende que la acción del fiscal no perjudicó la investigación, destacando que los sospechosos fueron procesados y condenados adecuadamente. No obstante, la fiscal Carmen Gloria Wittberg argumenta que los elementos presentados son suficientes para atribuir a Palma el delito de revelación de secretos, una postura respaldada por instancias judiciales superiores, como la Corte de Apelaciones de Coyhaique y la Corte Suprema.
Por su parte, el proceso avanza con un plazo de investigación establecido en 120 días, durante el cual se recolectarán todas las pruebas necesarias para determinar la culpabilidad o inocencia del acusado, en un caso que pone a prueba la confidencialidad y la ética en el sistema judicial chileno.
Con Información de factos.cl
