Comunidades y organizaciones de la sociedad civil han presentado un recurso ante la Corte Suprema con el objetivo de anular la reciente resolución del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta. Dicho tribunal aceptó la solicitud de Andes Iron Spa, lo que podría reactivar el controvertido Proyecto Dominga en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo.
En su fallo, el tribunal instruyó a la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a emitir una nueva resolución sobre el proyecto, dado su papel como secretaría técnica del Comité de Ministros.
La decisión se tomó tras argumentar que los ministros habían sobrepasado el límite en su votación del 8 de enero, cuando rechazaron de forma unánime y por tercera vez el polémico proyecto, subrayando los posibles impactos en el medio ambiente terrestre y las deficiencias en los planes de emergencia ante derrames.
El argumento de Andes Iron SpA, controlada por la familia Délano, se centró en señalar que en esa votación se introdujeron nuevas consideraciones que no formaban parte del fallo original.
Frente a esta situación, diversas agrupaciones de la sociedad civil y comunidades locales han calificado de «inédita» e «ilegal» la decisión del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, lo que las ha llevado a presentar varios recursos judiciales para revocar la polémica resolución.
Recurso ante la Corte Suprema
La organización de conservación marina Oceana ha interpuesto un recurso de queja ante la Corte Suprema, en el que califica de ilegal la actuación de los ministros del Tribunal.
En su acción legal, argumentan que la resolución beneficia de manera injustificada a la empresa de los Délano, lo que infringe la igualdad ante la ley, un derecho garantizado por la Constitución.
“Andes Iron SpA es una persona jurídica favorecida en esta causa”, declararon, añadiendo que los ministros “han creado diferencias arbitrarias”.
Por esta razón, piden al máximo tribunal que acepte el recurso de queja “en su totalidad, corrigiendo los errores y abusos denunciados” y que anule “la resolución que motiva este recurso”, o en su defecto, que disponga de las medidas que considere necesarias para rectificar tales fallos y abusos, con el fin de evitar un quebrantamiento del Estado de Derecho, según informa Diario U de Chile.
Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA, afirmó que “la sentencia del Primer Tribunal Ambiental, especialmente la última resolución, demuestra que este organismo se ha arrogado facultades que la ley no le otorga”.
El abogado que representa a Oceana sostuvo que “nunca antes un tribunal ambiental había cruzado los límites que le marca la ley” y que en el caso de Dominga, “pretende decidir sobre la aprobación de un proyecto, cuando su función es revisar los actos administrativos en materia ambiental”.
Resolución que favorece a Dominga «incurre en vicios de ilegalidad»
Los miembros del Movimiento en Defensa del Medio Ambiente (MODEMA), junto con el Comité de Agua Potable Rural Los Choros y la Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de Los Choros, también han presentado un recurso ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta en oposición a la decisión del Tribunal Ambiental.
El enfoque de esta acción legal gira en torno a las razones que llevaron a esta instancia a exigir al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que actúa como secretaría técnica del Comité de Ministros, que elabore una nueva resolución.
El recurso de apelación argumenta que la resolución “incurre en varios vicios de ilegalidad”, lo que “violenta gravemente el marco legal y pone en peligro el Estado de Derecho al basarse en interpretaciones distantes de la intención del legislador en materia ambiental”.
Según Alejandra Donoso, directora de Defensoría Ambiental y representante de varias comunidades que se oponen al proyecto minero-portuario de Andes Iron, el Tribunal Ambiental de Antofagasta “cometió una serie de ilegalidades que son sumamente graves”.
La abogada sostiene que estas irregularidades “perjudican los derechos de las personas que hicieron observaciones ciudadanas, las cuales fueron arbitrariamente excluidas por el Tribunal Ambiental de la decisión del Comité de Ministros”, según lo informado por Diario U de Chile.
Las acciones legales iniciadas por las comunidades y organizaciones se suman a un recurso de apelación presentado por el SEA ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
Con Información de www.elciudadano.com