Jennifer Ruiz, Directora de la Carrera de Educación Parvularia, Universidad de Las Américas
El acceso a una educación parvularia de calidad es un derecho esencial que establece las bases para el desarrollo integral durante los primeros años de vida. Aquí es donde se cultivan la curiosidad, la autonomía y la identidad de cada niño. Por lo tanto, la Agenda Sala Cuna para Chile trasciende una simple reforma laboral: se trata de una política educativa y social que prioriza el bienestar y el aprendizaje de los más pequeños.
Este proyecto tiene como propósito garantizar que tanto madres como padres trabajadores puedan acceder al derecho a sala cuna, promoviendo la corresponsabilidad parental y aliviando la carga familiar que históricamente ha recaído sobre las mujeres. Desde una perspectiva de derechos, se reconoce a la infancia como sujeto de protección y desarrollo integral, asegurando que cada niño y niña tenga acceso a espacios educativos que fomenten la estimulación temprana, el apego afectivo y la exploración del entorno. Este respaldo temprano potencia habilidades cognitivas, sociales y emocionales, que son fundamentales para futuros aprendizajes. Además, la creación del Fondo de Sala Cuna y la exigencia del Reconocimiento Oficial garantizan estándares de calidad, infraestructura adecuada y acompañamiento pedagógico que aseguran igualdad de oportunidades desde los primeros años.
Asegurar el derecho a sala cuna no solo favorece la inserción laboral femenina, sino que garantiza que cada niño y niña tenga acceso a experiencias educativas que estimulen su desarrollo y bienestar integral. Invertir en educación inicial es invertir en el futuro de nuestro país, porque las brechas que se abren en los primeros años son las que realmente transforman las oportunidades de vida.
La Agenda Sala Cuna para Chile representa un avance hacia una sociedad más equitativa, reconociendo que la educación parvularia es el inicio del proceso educativo, validando su valor pedagógico y su impacto en el desarrollo integral desde los primeros meses de vida. No se trata solo de una reforma legislativa; es una demanda ética y social que invita al Estado, a las familias y a toda la sociedad a asumir la responsabilidad y el compromiso imprescindible con la protección y educación de la primera infancia.
Con Información de chilelindo.org
