La comisión especial de la Cámara de Diputados encargada de investigar las acciones tomadas por las autoridades tras la denuncia de violación contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aprobó un informe de la oposición que señala responsabilidades del Presidente Boric, la PDI y Carabineros.
En la sesión de este lunes, los miembros de la comisión votaron el informe que contiene las conclusiones que serán enviadas a la Sala. Después de un largo debate, el informe opositor fue aprobado con siete votos a favor, cinco en contra y una abstención.
El documento cuestiona la actuación del Presidente Gabriel Boric, el Ministerio de la Mujer, la exministra del Interior, Carolina Tohá, así como la PDI y Carabineros en relación a la denuncia.
Entre los puntos analizados, se incluye la propuesta de fortalecer la fiscalización de los gastos reservados y establecer un protocolo de protección para altas autoridades por parte de las fuerzas policiales, entre otras medidas.
El informe fue respaldado por los diputados Álvaro Carter (Ind.-Partido Republicano), Luis Sánchez (Partido Republicano), Gloria Naveillán (Partido Nacional Libertario), Joanna Pérez (Demócrata), Flor Weisse (UDI) y Miguel Mellado (RN).
Por su parte, los diputados Daniella Cicardini (PS), Diego Ibáñez (FA), Camila Musante (Ind.-PPD), Alejandra Placencia (FA) y Carolina Tello (FA) votaron en contra, mientras que el diputado Tomás Lagomarsino (PR) optó por la abstención.
Este informe será sometido a votación en una próxima sesión de la Cámara de Diputados.
Inicialmente, la oposición planteó calificar al equipo de Presidencia como “cómplice” en el caso, pero se modificó la redacción a “deficiente y negligente”.
El oficialismo acusó a la oposición de exceder las atribuciones de la comisión investigadora, imputando delitos y responsabilidades incorrectas.
Desde la oposición, defendieron su postura, argumentando que la gestión del caso fue inadecuada.
En las conclusiones, se cuestiona el rol del Presidente Boric: “La permanencia del ex subsecretario Monsalve durante largo tiempo después de que el Presidente Boric tuvo conocimiento de la denuncia por violación, afecta lo estipulado por la Constitución y las leyes respecto a su deber de salvaguardar la seguridad y el orden público”.
En resumen, el documento señala que “es inevitable criticar al Jefe de Estado por una serie de errores con graves consecuencias institucionales: fue el Presidente quien permitió que el exsubsecretario viajara a Concepción; quien no comunicó lo sucedido a la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana; quien no mostró un liderazgo adecuado en una situación compleja; y quien mantuvo al exsubsecretario en su puesto hasta que La Segunda reveló la denuncia”, indica el texto.
Se añade que “todo esto evidencia un plan presidencial deficiente y negligente sobre la permanencia de Manuel Monsalve en un cargo clave para la seguridad de millones de chilenos”.
El informe también critica a la exministra Carolina Tohá, acusándola de “deficiencias en liderazgo, transparencia y aplicación oportuna de protocolos”. Se sostiene que “la exministra Tohá tiene una responsabilidad directa por su ignorancia inexcusable sobre lo que ocurría en su ministerio”.
Se enfatiza que “es incomprensible que todo lo que sucedía en el gabinete del exsubsecretario no fuera conocido por la ministra, considerando la gravedad de los hechos y que muchos funcionarios en el Ministerio del Interior estaban al tanto”.
Adicionalmente, se menciona que “hubo múltiples señales que indicaban lo que ocurría y, sin embargo, la ministra afirma desconocer la situación. Esto se evidencia en la ausencia de la agenda del exsubsecretario Monsalve en la pauta del Ministerio del Interior y las policías, después de Fiestas Patrias, que se refería a uno de los fines de semana más violentos de la historia reciente”.
Además, se establece que “es inexplicable la reacción de la entonces ministra Tohá tras enterarse de la denuncia contra Monsalve. Aunque tomó conocimiento del caso el martes, no cuestionó que él continuara en sus funciones ni cambió su agenda en absoluto”.
Se añade que “su comparecencia junto a Monsalve en la discusión presupuestaria en el Congreso Nacional dos días después de conocer la denuncia es visto como un atropello al discurso feminista y una imprudencia inaceptable, legitimando la presencia de un alto funcionario cuestionado en un espacio institucional clave”.
Esta acción es considerada como un menosprecio hacia la denuncia y una decisión orientada a proteger la imagen del Gobierno a expensas de la denunciante y la seguridad de millones de chilenos.
Por último, se señala que “la comunicación oficial desde el Ministerio fue errática y poco transparente, generando confusión en la ciudadanía y una justificada percepción negativa sobre la actuación del gobierno”.
Con respecto a las responsabilidades de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se indica que “debe ser criticada especialmente por la falta de acción inmediata y su incapacidad de adoptar una postura firme al conocer el caso”.
A pesar de que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género tiene como misión central la protección de los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género, su intervención en este caso fue reactiva, tardía y carente de protagonismo. Y aunque esto podría atribuirse a una decisión del Presidente, no exime de responsabilidad a la ministra”.
También se cuestionó la actuación de la Policía de Investigaciones y Carabineros, lo que sorprendió a la coalición oficial, quienes consideraron inapropiado responsabilizar a una institución completa. En cuanto a la PDI, se concluye que “su supervisión inadecuada de los escoltas asignados a una de las más altas autoridades en seguridad pública ha sido cuestionada. La Comisión Especial Investigadora ha evidenciado graves omisiones en el cumplimiento de protocolos de seguridad y falta de control, lo que permitió que Monsalve estuviera sin custodia en momentos críticos y sin que la institución tomara medidas inmediatas para corregir la situación”.
En lo que respecta a Carabineros, se destaca el uso del avión institucional por parte de Manuel Monsalve para viajar a la Región del Biobío: “Esto ha generado interrogantes sobre la gestión de los recursos operacionales de Carabineros y la falta de controles efectivos para el traslado de altas autoridades. En la Comisión se reveló que el vuelo realizado el 17 de octubre de 2024, se llevó a cabo sin una justificación clara y con un costo superior a 3 millones de pesos, lo que suscita dudas sobre su justificabilidad y cumplimiento de la normativa”.
Finalmente, se concluyó acerca del exasesor Miguel Crispi que “las deficiencias en su asesoría presidencial son evidentes”.
Con Información de www.lanacion.cl